La autoridad docente lleva ante el juez a 37 padres y alumnos por amenazas

MAITE DUCAJÚ VALENCIA ?
Las amenazas, insultos y bofetones sufridos por 37 profesores de la Comunitat Valenciana han sido motivo de denuncias que han acabado en los tribunales desde la aprobación del Consell del decreto de Derechos y Deberes de la enseñanza hace algo mas de un año, en mayo de 2008.
Esta comunidad ha sido pionera en considerar al profesorado -tanto de la enseñanza pública como de la concertada- como autoridad pública en el desempeño de su función docente. Medida con rango de ley que ayer anunció en Madrid la presidenta de su Gobierno autónomo, Esperanza Aguirre, y que el PP quiere llevar al Congreso.
Tras meses de reuniones y discusiones del borrador del decreto valenciano, el texto se aprobó, incluyendo una serie de medidas para mejorar la convivencia en el aula. También se contemplaba la tipificación de las conductas consideradas contrarias a las normas de convivencia además de las correctoras y disciplinarias.
Desde la conselleria, recordaban ayer que en los casos en que este supuesto delito o falta penal se cometa contra un profesor, al estar considerado como autoridad, se aplicará el artículo 551 del Código Penal, con prisión de 2 a 4 años y multa de 3 a 6 meses si se atenta contra la autoridad.
En los centros públicos valencianos el profesor cuenta con la atención del abogado gratuita.
Varios padres y alumnos han sido denunciados por profesores por enviarles insultos a través de internet, en algunos casos por darles una torta -una madre fue al centro educativo, pego a la profesora y se volvió por donde había entrado-, amenazas e insultos.
En total, 37 docentes afectados, en algún caso han estado implicados varios profesores, de los cuales 15 se denunciaron en 2008 y 22 durante este año.
En el sindicato ANPE valoraron la reciente declaración del conseller Font de Mora sobre "la importancia de recuperar la autoridad docente" y recordaron su campaña de "Tolerancia cero ante la violencia escolar". CSI reclamó que la medida existente en Valencia se extienda a toda España.