R. F. VALENCIA
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La propia Conselleria de Bienestar Social estableció mediante una orden del 19 de noviembre de 2001 que el plazo máximo para la evaluación del grado de discapacidad sería de seis meses.
El Síndic de Greuges ha elevado desde 2008 a la Conselleria de Bienestar Social 68 quejas por los retrasos en la valoración de las minusvalía. El Síndic lamenta "el incumplimiento" continuo de los "plazos para resolver los expedientes de valoración" y recuerda a Bienestar Social que ya le ha advertido "con reiteración extrema" de que no respeta los seis meses.
Las recomendaciones advierten de que las políticas de apoyo a las personas discapacitadas son "estériles" si no se realizan las valoraciones en un plazo razonable. El Síndic cierra las misivas instando a Bienestar Social a que extreme las medidas tendentes a evitar dilaciones en este tipo de procedimientos.
Bienestar Social tiene constancia de las quejas del Síndic, pero mantiene que se debe a retrasos que coinciden con momentos puntales.
El portavoz de CC OO lamentó que Bienestar Social "no han hecho ningún caso a los dictámenes de la Sindicatura de Greuges. El Síndic está cansado de advertirles de que son demasiado lentos". Salvador Roig insistió en que es "inaceptable la dejación de la Administración. Tienen que invertir en la contratación de personal para resolver de una vez el problema".