JUANJO GARCÍA GÓMEZ VALENCIA
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El PP salió ayer en las Corts a buscar algo de lana en el fango político del caso Gürtel pero acabó con unos trasquilones que no esperaba al quedar en evidencia que el debate del fondo, la relación del presidente Camps y otros cargos populares con la trama valenciana de Correa, no le es nada propicio. Los populares aprobaron en solitario en la comisión de Coordinación sus propuestas para que comparezcan la vicepresidenta Fernández de la Vega y el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, para aclarar el anuncio que la primera hizo de que el ministerio público iba a recurrir el archivo del TSJCV.
La oposición aprovechó para atizar en la Cámara a Camps con el caso, acusando al presidente de "mentir" sobre los trajes y de estar salpicado en la trama. Pese a los ataques, el PP renunció a su turno de réplica. La estrategia pretendía una "voladura controlada" del asunto ya que tampoco permitió a la oposición una segunda intervención, donde suele reservarse el grueso de la artillería. Pero esta línea dejó sin defensa al presidente y delató la incomodidad del PP ante un debate que él mismo forzó. El acuerdo es un brindis al sol ya que la Cámara carece de competencias para hacer comparecer a los cargos estatales. De la Vega ya dijo que no irá.
El popular David Serra exigió que aclaren "si existe transmisión de órdenes entre el Gobierno y la Fiscalía" y de "dónde surge todo el entramado de filtraciones de secretos sumariales y de informes policiales" en el caso Gürtel. Acusó a De la Vega de ejercer de "pitonisa" al "acertar" con el anuncio de que el fiscal recurriría y señaló que, si para la vicepresidenta es lógico que el fiscal informe al Gobierno, "¿por qué instó, preguntó o informó sobre el presidente Camps y no lo hace con violadores, maltratadores, asesinos o demás delincuentes?". A su juicio, la vicepresidenta y Pumpido "liquidaron" aquel día a Montesquieu.
El calamar y el voto de De la Vega
El socialista José Camarasa sostuvo que la pretensión real del PP con la iniciativa es "tapar la red de corrupción descubierta en la Comunitat", "soltar tinta de calamar" para que no se hable de si ha habido "un vaciado de las arcas públicas de 7 millones". Mantuvo que la solicitud de comparecencia es contraria a la Constitución y el Estatuto y supone una "invasión de competencias" de las Cortes Generales, a las que toca controlar al Gobierno. El PP destacó después que De la Vega votó en el Estatuto catalán a favor de que el delegado del Gobierno dé cuentas al Parlament.
Para Camarasa, quien reiteró que la vicepresidenta quiso informarse de lo que iba a hacer la fiscalía al conocer el archivo, "no es el Estado de Derecho el que tiene un problema", sino "el PP y dirigentes del Consell, relacionados con una trama" cuyos "principales dirigentes se encuentran en la cárcel".
La salida de Costa y la "fricada"
El portavoz del PP, Ricardo Costa, ex imputado en el caso, asistió a la intervención de Serra pero se fue en el turno del socialista. Mireia Mollà (Compromís) acusó al PP de convertir las Corts en "el club de la comedia" de España y resaltó que no plantea esta petición en el Senado porque allí "no les comprarían esta 'fricada'". Recurrió a la ironía para ensañarse contra Camps. Así, soltó que fueron, entre otros, la esposa del presidente, con su conversación telefónica con "El Bigotes" en la que reconocía regalos; o Correa y Álvaro Pérez, "hablando de 'El Curita' y lo fácil que les era obtener trato de favor"; los que le ayudaron a creer en la "estrategia maquiavélica" de la que habla el PP. También Lluís Torró (EU) tachó la petición de "cortina de humo" ante la "presunta corrupción" del PP. Sin embargo, las críticas quedaron sin respuesta.