El PP tropieza con los subasteros

J. F./P. R. F. BENIDORM ?
Al PP de Benidorm le crecen los enanos. Por si no fuera bastante con la moción de censura que les arrebatará la Alcaldía del municipio el próximo martes, la agrupación local se encuentra inmersa en un litigio judicial para recuperar la propiedad total de su sede, una quinta parte de la cual es propiedad de unos empresarios de Extremadura.
Esta es la historia. La sede popular de Benidorm, un recinto de menos de cien metros cuadrados enclavado en la segunda planta de un edificio de la Plaza Mayor de la ciudad, se adquirió a finales de la década de 1980 con cargo al bolsillo de cinco propietarios ilustres: Eduardo Zaplana, su suegro, Miguel Barceló, el diputado Francisco Murcia, el ex concejal Antonio Botella y el también militante Salvador Galiana.

Una historia de gananciales
A finales de la década pasada, la vida privada de uno de los propietarios se cruzó en el camino del local. Francisco Murcia, casado en régimen de gananciales con su ex mujer, se divorció. En el reparto, la ex pareja del diputado se quedó con la quinta parte de la propiedad inmobiliaria, que acabó saliendo a subasta como consecuencia de un embargo. Nadie pareció enterarse de esta circunstancia, pero el caso es que esta parte de la propiedad terminó en manos de unos empresarios de Badajoz habituales en las subastas inmobiliarias. Sin apenas darse cuenta, la familia Barceló-Zaplana se convirtió en socia de unos señores de Extremadura. La situación continuó de ese modo, y sin novedades sobre la propiedad del local, bajo las presidencias de Manuel Pérez Fenoll y Francisco Pérez, los dos mandatarios del PP que han precedido a Gema Amor.
Enterada ésta última, llamó a capítulo a los anteriores secretarios generales, los también concejales Francisco Saval y Manuel Agüera. La presencia extraña de los pacenses no había alterado el normal funcionamiento de la sede, que, por otra parte, comparte edificio con las instalaciones que la tránsfuga que aupó a Zaplana a la Alcaldía, Maruja Sánchez, y su marido, Pedro Martínez, utilizaban cuando dirigían la escuela de baile de la que vivían (de la que, por otra parte, se inició como bailarín el también edil del PP y diputado Sebastián Fernández).

Pedían cifras astronómicas
Dispuesta a recuperar la propiedad de la totalidad del local, Gema Amor contactó con un abogado, trasladó el asunto al comité local y el partido decidió negociar con los subasteros, que en pleno boom inmobiliario, reclamaron una cantidad astronómica. La falta de acuerdo llevó al PP a mover ficha y a denunciar la situación, pero la primera sentencia ya ha dado la razón a los subasteros. La sede es suya en una quinta parte.
La actual dirección se plantea ahora continuar con el procedimiento para recuperar la totalidad de la propiedad del local. De momento, bromean en el Partido Popular, los extremeños copropietarios no han solicitado el derecho a participar en las asambleas del partido.