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La doble contabilidad de Orange Market, la franquicia valenciana de la "trama Gürtel", refleja un mínimo de tres aportaciones del constructor alicantino Enrique Ortiz por un montante global de 215.848 euros. De esta cantidad, las cuentas de la empresa consignan como ya entregadas con fecha 1 de abril del año pasado dos aportaciones de 84.100 y 31.748 euros y una tercera aún pendiente por 100.000 euros. El informe policial de la Unidad de Blanqueo de Capitales sostiene que Ortiz y otros cuatro empresarios de la Comunitat Valenciana contribuyeron a la financiación ilegal del PP regional mediante el pago de facturas a Orange Market por servicios no prestados y que, en primera instancia, correspondían a deudas del partido con la empresa por la organización de actos. La compañía de Ortiz, que ahora se denomina Grupo Cívica, ya desmintió el viernes su posible implicación en la trama de financiación de ningún partido político.

La Ser informó ayer de que las dos aportaciones ya abonadas por Ortiz a Orange Market constan en sendos pagarés bancarios de Banesto por 31.784 y 84.100 euros. En un correo electrónico enviado desde la empresa de Pérez al despacho del abogado Ramón Blanco Balín -cerebro de la trama que movía el dinero negro de Correa, según la Policía- se pide que esas dos facturas, que ya se habían emitidos por los mismos importes a nombre del PP, se modificaran para que el pago fuese revisado por la constructora.

Ortiz es uno de los principales contratistas de la Generalitat y del Ayuntamiento de Alicante. Desde julio de 2003, cuando Camps llega a la presidencia de la Generalitat, el promotor alicantino se ha adjudicado un mínimo de 46,8 millones de euros en contratos públicos, en su mayoría del Consell y ayuntamientos del PP. Destacan el polémico plan de Rabasa en Alicante y otra gran actuación en Manises.

El informe policial da por sentado que hay casos en los que para pagar las facturas legales con IVA por actos organizados al PP, Orange Market recurrió al cambio de cliente y endosó esas facturas a constructoras con contratos públicos: Ortiz e Hijos y la castellonense Facsa. En los supuestos de pagos en dinero negro por actos del PP, la Policía tiene indicios de que se pagaban con aportaciones de los citados empresarios y tres más camuflando las aportaciones mediante la emisión de facturas por servicios no prestados por parte de Orange Market. Los otros empresarios son Antonio Pons, de Piaf; Vicente Cotino, de Sedesa y familiar del vicepresidente Juan Cotino y Luis Batalla, de Lubasa.