La oposición pide los contratos de la empresa de los Cotino que el informe vincula a la trama

LEVANTE-EMV VALENCIA La oposición socialista y del Bloc pretenden fiscalizar los contratos públicos adjudicados a algunas de las empresas constructoras que aparecen en el informe de la Brigada de Blanqueo como financiadoras del PP a través de la trama Gürtel. Según el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la policía judicial, la cúpula del PP amparaba y organizaba la financiación ilegal del partido a través de firmas de la red corrupta y con la participación de varias empresas constructoras: Lubasa, Sedesa, Enrique Ortiz e Hijos, Facsa y PIAF. Estas empresas supuestamente habrían pagado servicios realizados al PP.
Ahora, el grupo socialista en las Corts solicitará copia de los expedientes de las adjudicaciones de los últimos diez años efectuadas por la Generalitat al grupo empresarial Sedesa, vinculada a la familia del conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino. Como publicó Levante-EMV el pasado viernes, la construc?tora de los Cotino ha recibido desde 2000 casi medio centenar de adjudicaciones de obra pública -con socios o en solitario- por más de 825 millones de euros.
El parlamentario socialista, Francesc Signes, destacó la "necesidad de esclarecer los datos" que se desprenden del informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales sobre la supuesta financiación ilegal del PP valenciano. "El hecho de que la constructora Sedesa aparezca en el informe policial como financiadora del PPCV a través de la trama Gürtel, hace necesario poner luz y taquígrafos sobre estas adjudicaciones", remarcó.
Por otro lado, el secretario general del Bloc, Enric Morera, informó ayer de que esta formación pedirá la intervención de la justicia para "auditar a fondo el plan urbanístico de Rabassa" a fin de "averiguar si ha servido para financiar al PP", puesto que "se adjudicó muy rápido al promotor Enrique Ortiz, ahora vinculado por un informe policial a una trama de presunta financiación ilegal del PP".
En un comunicado, Morera señaló que este proyecto "destroza la ciudad de Alicante, está dentro de la más absoluta ilegalidad porque no se asegura el agua y también está en el punto de mira de la Unión Europea".