´Sueño con volver a ser guardia civil aunque sea por un solo día´

RAFEL MONTANER VALENCIA "Yo era guardia civil, y me sentía guardia y estaba enamorado de mi profesión... pero me echaron a la calle sin haber cometido ningún delito". Desde hace 12 años, el castellonense José Morata, repite esta frase todos los días. En 1997, cuando era el sargento Morata, fue expulsado de la Guardia Civil junto a otros tres compañeros por liderar el movimiento de lucha por el reconocimiento del derecho de asociación en la Benemérita.
El Congreso de los Diputados comenzó a poner en la tarde del miércoles el punto y final a la pesadilla que ha vivido Morata al aprobar por unanimidad una proposición no de ley presentada por la diputada Rosa Díez (UPyD) en la que insta al Gobierno a readmitir en la Guardia Civil a los cuatro agentes "injustamente" expulsados del cuerpo.

"Se ha hecho justicia"
Morata, que era comandante del puesto de Borriana cuando fue apartado de la Benemérita, no quiso perderse este momento histórico y viajó el miércoles a Madrid para vivir en directo una votación con la que, según sus palabras, "se ha hecho justicia". Le acompañaban sus compañeros de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) que él ayudó a crear.
Sin embargo, esta luz al final de un túnel de 12 años "llenos de abrazos y promesas de que el problema se iba a solucionar pronto", llega tarde para los represaliados. Uno de ellos, el guardia Manuel Linde, falleció hace tres años y Morata teme que el Ejecutivo fuerce su paso a la reserva.
"Sueño con volver a ser guardia civil aunque sea por un solo día, mi ilusión es volver a trabajar en el cuerpo. Es una cuestión de orgullo y justicia", recalca antes de apuntar que su edad, nació en Onda hace 55 años, puede truncar esta esperanza.
En la Benemérita, los suboficiales, por antiguedad el debería reingresar a la carrera como subteniente, pasan a la situación de reserva activa a los 58 años, y Morata teme que el Gobierno dilate los trámites burocráticos con el fin de que no tenga ningún efecto el mandato del Parlamento. "No pido indemnización, si no que me devuelvan el honor que me quitaron restituyéndome en mi empleo, con eso me siento suficientemente pagado", concluye.
Actualmente trabaja como administrativo de la AUGC, pues su castigo no sirvió para poner fin a su lucha por sus compañeros. Su expulsión fue también un golpe económico ya que se vio en la calle "sin paro y sin nada" y con dos hijos 14 y 11 años. Los 28 años en el cuerpo sólo le daban derecho a una pequeña pensión, por lo que tuvo que "trabajar en 200.000 sitios" para sacar su familia adelante.