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El tira y afloja que desde hace años mantienen la Generalitat y las universidades públicas valencianas a cuenta de la financiación podría resultar una auténtica pequeñez si el Consell ejecuta su plan de controlar la caja de los centros académicos. El vicepresidente segundo del Consell y conseller de Economía, Gerardo Camps, desveló ayer la intención de la Generalitat de integrar en una única tesorería a todo el sector público valenciano, incluidas las universidades. El propio conseller admitió que estos organismos "se están resistiendo". La medida se enmarca dentro del plan de austeridad anunciado por el Ejecutivo para las cuentas de 2010 con el que se pretende un ahorro de más de 300 millones.

El presidente Francisco Camps avanzó el pasado martes durante su discurso en el debate de política general celebrado en las Corts que uno de los ejes de este plan de ahorro sería el adelgazamiento del sector público. Camps habló de centralizar la tesorería de las empresas y entes públicos para reducir gastos. Pero el control, según di?jo el conseller, puede alcanzar también la caja de las universidades, que, según los planes de Hacienda, quedaría dentro de una "tesorería corporativa".

De ser así, el Ejecutivo pasaría a tener el mando sobre los pagos de los centros académicos: es decir, supervisaría qué, cómo y cuándo se paga. En la actualidad, las universidades dependen financieramente de las subvenciones de la Generalitat, pero una vez obtenidas tienen plena libertad para decidir como se administra el dinero. La situación sería distinta si la tesorería de las universidades fuera supervisada por la Generalitat. La resistencia de los centros académicos, es, por tanto, comprensible. Expertos consultados ayer por este diario indicaron que las pretensiones del Consell chocan de frente con la autonomía universitaria consagrada en la Constitución.

Por lo pronto, y al margen de como queden las negociaciones, el Consell aprobó ayer ya una modificación en la ley de Hacienda para regular la denominada tesorería corporativa del sector público. El cambio se ejecutará a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat de 2010 cuyo proyecto fue aprobado ayer en el pleno del Consell.

Gerardo Camps compareció en rueda de prensa para hablar del capítulo más popular de esta ley: las deducciones fiscales. A pesar de la crisis económica, la deuda y los problemas de liquidez en las cuentas de la Generalitat, el Consell ha decidido avanzar en su política de beneficios fiscales. La novedad para el año próximo ya fue avanzada por el presidente en las Corts: una nueva deducción del 10% en el tramo autonómico del IRPF para las familias con dos o más descendientes que tengan hasta 24.000 euros de base imponible (unos 30.000 euros de ingresos brutos).

Según los cálculos de Hacienda, podrán beneficiarse de esta medida unos 316.000 familias y supondrá un ahorro de 15, 7 millones de euros. Además, se mantendrá la tarifa rebajada en 0,25 puntos en la nueva escala autonómica del IRPF (el tramo del impuesto que gestiona el Consell pasa del 33% actual al 50%). Esta decisión supondrá al Consell dejar de ingresar 20 millones de euros al año. En suma, en 2010 habrá un ahorro fiscal nuevo por valor de 35,7 millones de euros. Teniendo en cuenta todas las deducciones ya existentes, Hacienda prevé dejar de ingresar 1.606 millones de euros. Sobre cómo cuadrará el círculo habida cuenta de la merma de ingresos fruto de la desaceleración (la recaudación de impuestos que gravan la vivienda han caído en picado), el conseller dijo que se compensará este ahorro con el control del gasto. Además, se mostró convencido de que la política de bajada de impuestos es la que ayuda a salir de la recesión. Eso sí, Hacienda seguirá aplicando el impuesto que grava la gasolina, el conocido como céntimo sanitario.

El vicepresidente Camps invirtió gran parte de su comparecencia en criticar la subida de impuestos del Gobierno de José Luis Rodriguez Zapatero que calificó de "injusta para los que menos tienen y para las clases medias y fruto de la improvisación". Precisó que los valencianos tendrán que pagar 847 millones de euros más en tributos, que desglosó 52,3 millones por la subida del gravamen de las rentas de ahorro, 504,4 millones por la eliminación de la deducción de los 400 euros y 290,5 millones por la elevación de los tipos del IVA.

Por último, Camps advirtió que irá a los tribunales si el Ejecutivo impone a las autonomías un impuesto mínimo de sucesiones o de donaciones sobre el que no tengan competencias.