Denuncia por prevaricación a De la Rúa

JUANJO GARCÍA GÓMEZ VALENCIA Iniciativa del Poble Valencià le puso ayer el cascabel al gato de las acusaciones que se venían lanzando contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia valenciano, Juan Luis de la Rúa, tras el archivo de la causa contra el presidente Camps y otros cargos del PP por el caso Gürtel y, especialmente, al desvelarse que devolvió a Madrid, sin tomarlo en consideración, el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales que revelaba datos sobre la presunta financiación ilegal de los populares. El partido de los escindidos de EU -que cuenta en las Corts con dos diputadas, una de ellas la portavoz del grupo de Compromís, Mònica Oltra- ha dado el paso que no se atrevió el PSPV, que en su día se planteó recusar a De la Rúa. Los dos portavoces de Iniciativa (Oltra y Francesc García) presentaron ante la Fiscalía General del Estado, que dirige Cándido Conde-Pumpido, una denuncia por prevaricación contra De la Rúa. La medida judicial no es de la coalición Compromís y, por tanto, el Bloc no participa en ella.
El escrito señala que el titular del TSJCV podría haber incurrido en el delito tipificado en el artículo 446.3 del Código Penal, que castiga con multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a veinte años a los jueces que dicten una sentencia o resolución injusta, "a sabiendas de su injusticia, puesto esto en relación con la omisión de perseguir delitos y posible trato de favor a causa de una íntima amistad" entre el propio De la Rúa y el presidente Camps. En rueda de prensa, la síndica de Compromís recordó las declaraciones del presidente en septiembre de 2008, cuando confesó que su relación con el titular del TSJ era más que amistad y que habría que "buscar en el diccionario la palabra que defina esta leal, íntima y sentida colaboración". Justificó la denuncia por esa relación amistosa, unida al archivo de la acusa "pese a las pruebas contundentes" del auto del instructor, José Flors, y sobre todo, por la decisión de "omitir y separar" de la causa el informe policial que contiene "indicios racionales" de una supuesta financiación ilegal del PPCV.

Emigrar como abogada
La diputada apeló a su experiencia profesional como abogada para enfatizar que es "absolutamente insólito en el tráfico judicial de nuestro país que se separe un informe policial de una causa penal, y menos un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales". Una labor como abogada que, "dicho sea de paso, no sé si después de esto, tendré que ejercer en Castilla-La Mancha", apostilló con ironía.
Oltra manifestó su "sospecha" de que con esa decisión lo que se pretendió es "sacar" el informe policial del auto de archivo para que el documento no llegara al Supremo y no lo pueda tener en cuenta al analizar los recursos. El escrito alude a De la Rúa y "demás personas que pudieran estar implicadas", ya que la sala la integran también los magistrados José Ceres y Juan Montero, si bien de éste último reconoció que discrepó del archivo.
La parlamentaria, que dijo cumplir un "deber ciudadano", contrapuso la situación de Garzón, que ha declarado por prevaricación por una querella de los ultraderechistas tras defender a las víctimas del franquismo, y la De la Rúa, "que toda España y todos los valencianos saben lo que ha hecho". Reconoció no saber el recorrido que tendrá la denuncia pero dejó claro que, "si después los órganos del Estado no hacen nada, que no se pueda usar como excusa que nadie lo denunció". "No queremos una Justicia de dos velocidades, ni la impunidad para la gente poderosa", aseveró.