´El impuesto revolucionario en correos electrónicos´

REGINA LAGUNA VALENCIA ?
Poco faltaría para que comenzaran a pagar las empresas constructoras la deuda que el Ejecutivo de Francisco Camps estaba generando con las empresas de la trama Gürtel o la campaña del PP. En el anexo sobre "Cambios de facturación", del informe policial sobre la contabilidad de Orange Market, se expone un análisis que relaciona los archivos de "Cobros2008bis", la "Contabilidad 3" y el "Outlook", es decir, los correos electrónicos.
Los archivos salieron del registro efectuado en la sede de Orange Market en Valencia y en el de Guzmán Bueno 133, sede de Blanco-Guillamot & Asesores, dentro de los documentos de Juan Antonio Fernández, el contable. Al igual que con Al Capone, aquí el contable también "cantó".
En la correspondencia electrónica que se intercambiaron el contable de Blanco Balín y Merche, empleada de Orange Market en Valencia, se establece un trueque de facturas realmente curioso. Los distintos correos parecen dibujar un "triángulo" entre la deuda del PP, las empresas constructoras y las contrataciones que luego les adjudicaba el Consell.
En este sentido, podemos señalar sólo uno de los ejemplos que figuran en este Anexo. Escribe Merche a Juan Antonio Fernández: "Hola Juan, ¿qué tal estas? Espero que bien (...). Estas dos facturas que están puestas al Partido Popular, hay que corregirlas y ponerlas a Enrique Ortiz e Hijos, Contratistas de Obras SA. El cliente, no sé si lo tienes dado de alta, si no, hay que crearlo. Los importes sí están bien, sólo cambiar el cliente". El correo tenía fecha del 20 de junio de 2008 y los importes correspondían a dos facturas del "Partido Popular CV" de abril del mismo año, cuantificadas en 31.784 euros y 84.100 euros. Esta constructora de Alicante obtuvo contratos por 205,2 millones con distintas consellerias de la Generalitat Valenciana entre 2005 y 2008.
Su colaboración con la Administración Pública data de más antiguo, con la adjudicación del "Plan Rabassa" de la mano del entonces presidente Eduardo Zaplana. Este cambio de facturación, ¿obedecería, pues, al "impuesto revolucionario" por contratar con la Generalitat?