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FRANCESC ARABÍ VALENCIA
Las cuatro constructoras (Sedesa, Lubasa, Enrique Ortiz e Hijos y Facsa) y la consultora urbanística (Piaf) que financiaron al PP valenciano y cobraron el favor en de contratos de la Generalitat, según la policía judicial, no son las únicas empresas del ladrillo que han pagado facturas a Orange Market. La franquicia valenciana de la trama Gürtel ingresó al menos 178.000 euros de otras dos firmas cementeras (Construcciones Hormigones Martínez y Pavimentos del Sureste) por tres facturas abonadas entre septiembre y noviembre de 2007. En el documento «Contabilidad2.xls», anexo al informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef), consta la emisión de una factura a Hormigones Martínez el 22 de octubre por 69.600 euros en concepto de «estudio corporativo, adaptación de logo y estudio tipográfico».
Esta empresa —radicada en Albatera y Alicante y propiedad del presidente de la patronal alicantina Coepa, Rafael Martínez Berna—es una de las constructoras de referencia en obra civil. CHM hizo frente a esa cantidad mediante pagaré de Barclays con vencimiento del 28 de noviembre. En la contabilidad A de Orange Market aparece una segunda factura por una cantidad similar (67.860 euros), que figura escrita al final de una hoja, justo después de la otra cantidad y con la misma fecha de 26 de septiembre. Tras esos asientos contables aparecen dos signos de interrogación, dado que no todavía no se habían emitido las facturas. De hecho, acabarían siendo libradas un mes (22 de octubre) o dos (12 de noviembre) después.
El Bigotes también tuvo como cliente a Pavimentos del Sureste, que le abonó, mediante pagaré del Banco Guipuzcoano, un total de 40.600 euros a cuenta de una factura emitida el 10 de septiembre en concepto de «creatividad y diseño, fabricación e instalación de 8 lonas de 10x10». No se dice exactamente dónde se colocaron las lonas.
En la misma relación contable en la que figuran estas empresas, se inscriben los cuatro encargos que abonó Facsa a Orange Market, todos ellos el 7 de agosto, por un total de 174.000 euros. Al contrario que en las tres facturas que pagó Facsa en abril de 2008 —después de la campaña de las generales— la policía judicial no ha encontrado ningún apunte de caja B en los documentos en papel e informáticos incautados a la trama que, como el «EG 200.000 euros» (Enrique Gimeno preside Facsa), le lleve a concluir que se trate de financiación del PP camuflada en facturas falsas por servicios al partido endosados a las constructoras. Una forma de infringir la ley electoral, al romper el límite de gastos y la de financiación de partidos, al no constar los ingresos en la cuenta popular.
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