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JOSÉ SIERRA VALENCIA
Las inundaciones de los últimos días, pese al amago inicial de concordia, han acabado alimentando el enfrentamiento entre la Administración Central y la autonómica. Ha bastado que el alcalde de Castelló, Alberto Fabra, sacara a relucir "las cañas" que en su opinión ensucian el cauce del río Seco como responsables de las pequeñas inundaciones en la ilegal ocupación urbanística de la marjalería de Castelló, para que en la Confederación Hidrográfica del Júcar recuerden que la "ordenación del territorio es competencia exclusiva de la Generalitat".
Ayer, el presidente de la CHJ, Juan José Moragues, manifestó que en los últimos 4 años, las Comisiones Territoriales de Urbanismo (CTU), controladas por la administración autonómica a través de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, han aprobado 26 planes urbanísticos que contaban con "informe expreso" y/o "voto en contra" del representante del ministerio en las citadas comisiones por "problemas de inundabilidad". Se trata, según explicó, de planes que invaden cauces que son Dominio Público Hidráulico (DPH) con sus desarrollos urbanísticos, no clasifican los cauces como DHP, o sus urbanizaciones interfieren en el régimen de corrientes "provocando o agravando una situación de inundabilidad con posibles afecciones a terceros".
En otros 43 casos, las CTU han aprobado planes urbanísticos antes de que la CHJ pudiera valorarlos después de que pidiera una ampliación de la documentación presentada. Se trata de casos, según explicó Moragues, en los que se presume afección a terceros por un previsto cambio en las corrientes o porque con la "escasa documentación aportada" ni siquiera se puede saber con exactitud "dónde está" la actuación.
Hay otros 44 desarrollos de los que la CHJ ha tenido conocimiento por distintas vías que no han sido enviados a este organismo para que los informe y un total de 117 planes que han sido informados desfavorablemente por motivos de inundabilidad y que todavía no han sido aprobados.
La conselleria lo niega
Un portavoz autorizado de la Conselleria de Medio Ambiente negó tajantemente que las comisiones territoriales aprueben proyectos con informe negativo de inundabilidad y mostró su "extrañeza" por la denuncia realizada por el presidente de la CHJ. "Las comisiones cumplen a rajatable los condicionantes del Patricova y son muy estrictas en el tema de inundabilidad", dijeron.
Según estas fuentes, las CTU "ni siquiera hacen una aprobación condicionada a la resolución de los problemas de inundabilidad, sino que obligan a modificar los planes antes de aprobarlos".
Para la CHJ, en esta categoría podrían estar los 117 planes informados desfavorablemente y no aprobados todavía por las comisiones, pero no el resto de los denunciados por su presidente.
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