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J. SIERRA/P. CERDÀ VALENCIA
Iniciativa Pública por Albacete, la asociación cívica que denunció el trazado del AVE entre Motilla del Palancar y Valencia por deficiencias en su tramitación medioambiental no ha decidió aún si volverá a la carga en Europa pidiendo la paralización de la obra con su nuevo aval judicial.
El abogado Alfonso Calera, miembro de esta asociación, "aunque no portavoz", matizó ayer, confirmó una reunión del grupo para valorar la decisión del Tribunal Supremo y una convocatoria de rueda de prensa para el jueves en la que fijarán posición.
El Tribunal Supremo ha desestimado un recurso de casación de la Abogacía del Estado contra una sentencia de la Audiencia Nacional que en diciembre de 2006 dictó que el trazado de AVE en construcción entre Motilla del Palancar (Cuenca) y Valencia afectaba a hábitat naturales sin que el Gobierno hubiera valorado adecuadamente los posibles impactos de la línea.
Calera admitió que el objetivo principal del grupo entonces era un trazado más favorable para Albacete, aunque sin olvidar , "ni entonces ni ahora", el "tremendo" impacto ambiental del trazado elegido. El abogado destacó la alegría de todo el grupo de Iniciativa Pública, en el que abundan los juristas -lógicamente hay satisfacción por la sentencia y ahora por la anulación del recurso- y rechazó las tesis oficiales sobre la posibilidad de que las decisiones judiciales no tengan ninguna consecuencia. "Todas las sentencias la tienen" y recordó la que , promovida por el mismo grupo, anuló algunos preceptos del Plan Hidrológico del Júcar.
No obstante y respecto a la posibilidad de acudir a Europa exigiendo la paralización del proyecto, Calera abogó por "manejar con prudencia" una sentencia que "puede tener consecuencias sobre una línea que prácticamente está construida".
Silencio oficial
Mientras el Ministerio de Fomento guarda silencio y espera un dictamen de la Abogacía del Estado, el Delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, aseguró ayer que la sentencia del Tribunal Supremo "no cuestiona ni el trazado ni la operatividad de las obras". Según el representante del Ejecutivo, esa sentencia "hace referencia a un aspecto jurídico marginal". Por último, Federico Félix, presidente de la Fundación Pro-AVE -entidad constituida para impulsar las obras de la línea de alta velocidad entre Madrid y la Comunitat Valenciana- manifestó ayer su "sorpresa" e "indignación" por la decisión del Tribunal Supremo. "Esta decisión nos genera un estado de crispación y al mismo tiempo de coraje, porque no consentiremos de ninguna manera que se retrase ni un minuto la llegada del AVE a Valencia", reaccionó Federico Félix.
Confiar en la justicia
Según el presidente de Pro-AVE, la justicia "no puede ir en contra de toda una Comunitat Valenciana, con cinco millones de habitantes. Nunca se puede imponer un grupo de gente a toda una comunidad autónoma. Es inadmisible y va contra el sentido común, y por nada del mundo lo aceptará el pueblo valenciano", añadió Félix.
El ex presidente de los empresarios valencianos confía en que la decisión del Supremo "no tenga ninguna consecuencia" porque "estamos hablando de una cosa casi acabada, y más aún con la que está cayendo en este momento sobre una economía que ha apostado por el turismo y los servicios, y que tanto necesita esta infraestructura".
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