El fiscal mantiene la petición de 132 años de cárcel para la acusada de enviar la bomba de Correos

EFE MADRID El fiscal mantuvo ayer su petición de 132 años de cárcel para Amanda Cerezo, acusada de enviar en 2003 una carta-bomba que estalló en el almacén central de Correos de Valencia, que hirió a nueve personas, y de la colocación de varios artefactos incendiarios.
En la última sesión del juicio que se celebró en la Audiencia Nacional, el representante del ministerio público sostiene que se trata de actos terroristas, al considerar que se llevaron a cabo "en el seno de un grupo con una ideología determinada que tiende a materializar sus ideales por la violencia".
El fiscal Miguel Ángel Carballo se ha referido asi a la presunta relación de Cerezo, de la que ha dicho que es una "activista anarquista", con un "núcleo de libertarios" que se conectaban a través de la infraestructura del Ateneo Libertario El Cabanyal de Valencia y del Centro Social Alternativo (CSA) Malas Pulgas.
En su informe, Carballo ha afirmado que estos colectivos constituyen "un grupo estable terrorista" y señala a la sala que "aunque resulte difícil convencerles de ello, existen grupos terroristas sin un nombre específico". A Cerezo se le acusa de haber confeccionado y enviado una carta-bomba que estalló el 24 de mayo de 2003 en el almacén central de la sede de Correos de la calle San Vicente de Valencia, y se le imputan nueve intentos de asesinato terrorista -uno por cada uno de los heridos- además de un delito de estragos terroristas.

Incendio de un cajero
Los médicos que realizaron los informes de los heridos han confirmado que las lesiones más graves las sufrió el funcionario que recibió el impacto, que registró múltiples heridas y quemaduras; y que los otros ocho sufrieron lesiones temporales y trastornos nerviosos.
El fiscal atribuye a Cerezo , junto con quien era entonces su compañero, Eduardo José Alonso, el incendio de un cajero automático el 20 de enero de 2003, el de una grúa excavadora el 23 de mayo del mismo año y la colocación de un artefacto incendiario el 1 de abril de 2003 en el Instituto de FP El Cabanyal. Estos actos han sido relacionados por el fiscal con los colectivos libertarios citados porque, en aquel momento, estos grupos estaban llevando a cabo acciones de protesta para boicotear el proyecto urbanístico de El Cabanyal.