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La investigación sobre la red valenciana que promovió unos 700 matrimonios de conveniencia entre nacionales y extranjeros para facilitar la inmigración ilegal podría terminar en la Audiencia Nacional. La Fiscalía ha pedido al juez de instrucción que se inhiba a favor del este tribunal, al afirmar que los seis procesados actuaron dentro y fuera de la Comunitat Valenciana e incluso del territorio nacional. Entre los imputados hay un funcionario de Extranjería en la Delegación de Gobierno.
Según el fiscal, los seis imputados integraban una "organización bien definida" que promovía algunas de las bodas en el extranjero, "favoreciendo la inmigración ilegal". Las bodas se celebraban en "poblaciones de distintas Comunidades Autónomas", no sólo de la provincia de Valencia, donde se produjeron en su mayoría.
Por ejemplo, el matrimonio entre S. P. y Francisco J. P. se celebró en Sonseca (Toledo). La detención de Christian S. se produjo en Amposta (Tarragona), cuado intentaba "falsear el empadronamiento" de dos ciudadanas colombianas para que se casaran allí.
Además, también acudían a los países de origen de las personas con las que se casaban para traerlas a España. Así, José Luis se fue a Bogotá para casarse y luego divorciarse con L. D. G. R. También, el imputado Christian S. B. contrajo matrimonio en Venezuela con M. A. G., que fue traída a España para luego divorciarse. David R. reconoció que se casó con D. M. D. B. en Colombia. Y la imputada Ana María L. G. intentó casarse a través de la carta de invitación de Christian S. al venezolano J. C. T. H.
El fiscal explica que se trata de "posibles delitos de defraudación" que afectan a una pluralidad de personas "aprovechando su situación apurada" a nivel económico y social. Son personas, añade, "que no tienen recursos en su país o que, estando en España, necesitan la documentación para poder seguir residiendo". Y añade que algunos españoles también fueron engañados.
