Las empresas mixtas del Consell llevan a España ante el Tribunal Europeo

J. SIERRA VALENCIA La Comisión Europea ha decidido llevar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) a la sociedad pública Instituto Valenciano de Vivienda (IVVSA), controlada por la Generalitat Valenciana, por adjudicar contratos de obras sin publicidad y sin garantizar la igualdad de trato entre las empresas privadas.
La Comisión ha rechazado las alegaciones presentadas por la Generalitat al dictamen motivado elaborado por Bruselas reiterando que la adjudicación directa a estas empresas mixtas vulnera, según Bruselas, no sólo la normativa comunitaria en materia de contratación pública, "sino también el propio Tratado de la UE", según señalaron ayer fuentes del ejecutivo comunitario.
La creación de sociedades mixtas realizada en la época en la que la conselleria de Territorio y Vivienda estuvo dirigida por el conseller Rafael Blasco se ha traducido en la adjudicación de contratos públicos a las mismas incumpliendo las directivas europeas sobre contratos públicos y en contra del principio de igualdad de trato previsto en los artículos 43 y 49 del Tratado de la Comunidad Europea.
El entonces conseller justificó la creación de estas empresas en la necesidad de movilizar suelo que permitiera la construcción de más viviendas protegidas y a continuación eligió a los socios del Ivvsa: Ortiz, Lubasa, Bancaja o la CAM, entro otros .
El PSPV pidió la disolución de estas empresas mixtas, a las que calificó de "gran estafa montada para unos pocos" y el eurodiputado de Los Verdes, David Hammerstein, decidió denunciar su creación en la dirección del Mercado Interior de la Comisión Europea, iniciándose un procedimiento que entra ahora en fase judicial que puede acabar en sanción económica contra España.

Corrupción
En un comunicado hecho público ayer parea dar cuenta de la decisión de acudir al Tribunal Europeo de Justicia, la Comisión recuerda que la contratación pública, que incluye la adquisición de suministros, servicios y obras del sector público, representa el 16% del Producto Interior Bruto de la Unión y que los procedimientos de licitación "abiertos y transparentes" a que obliga la normativa europea de contratación presuntamente incumplida por el Ivvsa, "suponen más competencia, mejores defensas contra la corrupción y un mejor servicio y rentabilidad para el contribuyente".
Ayer, la diputada de Iniciativa y síndica de Compromís en las Corts Valencianes Mònica Oltra aseguraba que la decisión europea es "una prueba más" de la "nefasta política urbanística" que lleva a cabo el Consell, que "trató de enmascarar como privados la adjudicación de contratos públicos".