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Con este montante de deuda, el departamento que dirige Manuel Cervera se convierte en la segunda Administración sanitaria más morosa de España, detrás de Andalucía que acumula el 18,89% de deuda que equivale a 472,25 millones de impago a las 520 empresas de la red de Fenin.

A pesar de los numerosos encuentros que han tenido lugar entre la directiva de la Federación y los responsables sanitarios para habilitar vías alternativas para acabar con el impago, las partes no han llegado a acuerdo, ni estrategia, ni modo de resolver este tremendo escualo de deuda cuyo impago sale tremendamente caro a la Administración, ya que solo en intereses de demora, la Conselleria de Sanidad ha abonado en los últimos años más de 25 millones de euros a más de un centenar de empresas.

"No hemos llegado a ningún compromiso con la Conselleria de Sanidad para adelantar el pago y resolver esta morosidad porque no hay voluntad política", reconoció a Levante-EMV la secretaria general de Fenin, Margarita Alfonsel.

La portavoz de la Federación agregó que la conselleria no evalúa lo que puede costar la dilación del pago de la deuda. "Las decisiones sanitarias son fundamentalmente políticas", refirió.

Con este freno en las negociaciones, solo cabe recordar al conseller de Sanidad y su equipo directivo que con los intereses que por sentencia judicial de Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana han tenido que pagar al centenar de empresas de tecnología que ha pleiteado contra la Administración para revindicar el pago de las facturas pendientes(más de 26 millones entre 2003 y 2007), los ciudadanos de la Comunitat Valenciana podrían contar con un nuevo hospital para 120 enfermos o trece nuevos centros de salud.

La repercusión de esa falta de voluntad política de la que se queja la directiva de Fenin, al no haber alcanzado ningún acuerdo efectivo con el equipo de Cervera, merma el inestable y débil presupuesto de la conselleria.

Detrás falta de entendimiento solo hay dos realidades: unos proveedores que quieren adelantar la fecha de cobro y una Administración con el crédito hipotecado. "Esta situación -agrega Alfonsel- agudiza el problema".

Por más que el cobro registre una demora de 384 días en la Comunitat, los empresarios del sector sanitario no contemplan la posibilidad de suspender el suministro de material, "tenemos una responsablidad social", precisa Alfonsel.