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La Conselleria de Justicia parece al borde del colapso. La empresa de limpieza de los juzgados de la provincia de Valencia ha comunicado a sus trabajadoras que ha roto el contrato con la Conselleria de Justicia porque no le paga desde hace ocho meses. También se deben los servicios de limpieza de la Ciudad de la Justicia, el servicio de mantenimiento de los ascensores y, hace unos meses, se redujo considerablemente el servicio de taxis también por falta de pago. Al Colegio de Abogados de Valencia se le adeudan casi tres millones de euros desde junio por el turno de oficio y la situación está generalizada a toda la Comunitat Valenciana.
Hasta aquí sólo dos ejemplos sobre la situación en que se encuentran las empresas y profesionales que contratan con la Administración Pública. "Pero no paga nadie, no sólo Justicia", señalan desde una de las empresas.
La alarmante situación la vivirán las empleadas de Soldene SA, que se encarga de la limpieza de todos los juzgados de la provincia de Valencia, excepto Quart de Poblet. En los últimos días ha comunicado a sus trabajadoras que acaba de rescindir el contrato con la conselleria porque no paga desde hace más de ocho meses y que toda la plantilla pasa a depender de Justicia.
La carta que le llegó junto con la nómina dice literalmente que, "al no cobrar durante más de ocho meses las facturas correspondientes al servicio de limpieza de la Conselleria de Justicia, nuestra empresa da por rescindido el contrato de acuerdo con la ley, el próximo 31 de octubre, pasando toda la plantilla anexa a este contrato a depender de la mencionada conselleria a partir del 1 de noviembre". En abril, las trabajadoras ya tuvieron problemas para cobrar dos o tres mensualidades porque la empresa no tenía fondos.
Más de un año sin cobrar
Servicios de Levante, la empresa que se encarga de la limpieza en la Ciudad de la Justicia de Valencia, también ha confirmado que "pagan tarde y mal". En este momento, se les adeuda un millón y medio de euros correspondientes a más de 14 meses. En este caso, las empleadas no han sufrido las consecuencias y han seguido cobrando.
La empresa mantiene la esperanza de que se le abone la deuda, aunque sea tarde. Los problemas, explicaron, se han sucedido duran?te toda la legislatura, con pagos intermitentes.
También parece que ha habido problemas con la empresa encargada del servicio de mantenimiento de los ascensores en la Ciudad de la Justicia, algo que no se ha podido confirmar hasta ahora.
Este periódico se puso en contacto ayer con la Conselleria de Justicia, sin que hayan ofrecido ninguna información al respecto.
El pago atrasado de los honorarios del turno de oficio ya se está eternizando por repetido. Todos los años se produce y se recrudece en el último trimestre, cuando las quejas de los abogados se multiplican al ir sumando meses sin cobrar.
En estos momentos, la Conselleria de Justicia adeuda al Colegio de Abogados de Valencia 2.970.000 euros por los servicios del turno de oficio de abril, mayo y junio, cuyo vencimiento se produjo el pasado 30 de septiembre.
Los abogados de Castelló tampoco han cobrado y este jueves se reúne el pleno del Consejo de Colegio de Abogados de la Comunitat Valenciana para tratar este tema en el orden del día, ya que el retraso es generalizado.
Los decanos no quieren ni oír hablar de huelga, aunque hace unos meses ya se produjo un conato cuando los abogados del turno de oficio se reunieron en la Ciudad de la Justicia de Valencia para estudiar algunas medidas de presión.
El Colegio de Abogados de Valencia también hizo público su malestar convocando a los medios de comunicación para informar sobre la situación, pero la rueda de prensa fue cancelada ante la respuesta inmediata de la conselleria.
El decano del Colegio de Abogados de Valencia, Francisco Real, se reúne hoy a primera hora con la consellera, Paula Sánchez de León, para comunicarle directamente el retraso en el pago. Al parecer, las "múltiples gestiones" realizadas hasta ahora con la conselleria a través de la secretaría autonómica han sido del todo infructuosas.
La deuda trimestral, sólo con el Colegio de Abogados de Valencia, oscila entre 2,5 y 2,9 millones de euros. En esta ocasión se ha sobrepasado por el impacto de la crisis económica. r. lagunavalencia
