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El PSPV-PSOE se querellará contra el presidente de la Generalitat y del PPCV, Francisco Camps; contra el destituido secretario general, Ricardo Costa; el vicepresidente del primero y coordinador de campañas electorales, Vicente Rambla; contra el vicesecretario de organización, David Serra; y la tesorera, Yolanda García, con el fin de que se investigue el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía que denuncia una supuesta financiación irregular de los populares valencianos. La querella, que se presentará ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), les atribuye la comisión de hasta siete presuntos delitos: Cohecho, malversación de fondos, falsedad, financiación ilegal del partido, prevaricación, alteración contable y delito fiscal.

La iniciativa legal, cuya presentación adelantó Levante-EMV el pasado 23 de septiembre y que ya entonces confirmó el PSPV, la anunció ayer el secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, en un encuentro con periodistas en Madrid, en el que comentó que la decisión fue adoptada el lunes en la permanente de los socialistas. Este órgano, sin embargo, según varios de sus integrantes, no trató este asunto. Desde que el PSPV tuvo conocimiento del citado informe policial lleva barajando la presentación de una querella, sin llegar a concretarla. Ayer, el líder socialista volvió a anunciarla, apuntando que se presentará "en los próximos días". Fuentes de la dirección no aclararon si la medida judicial irá también contra las empresas constructoras que supuestamente colaboraron o pagaron comisiones ilegales al PPCV o simplemente contra los cargos políticos.

El PSPV enfatizó ayer que, con su querella, el informe policial "ya no quedará en el limbo". El documento que los socialistas piden que se investigue llegó el 31 de julio al TSJCV, que decidió devolverlo a Madrid, debido a que sólo iba a investigar si se había cometido un delito de cohecho impropio por parte del presidente de la Generalitat y otros cargos de su partido al aceptar el regalo de trajes por parte de la trama. Alarte subrayó que los socialistas desean que se investigue "hasta las últimas consecuencias", ya que "nadie debe quedar impune y se ha de salvaguardar la figura del presidente de la Generalitat, no la de Camps, que ya la ha perdido hace tiempo".

Alarte volvió a pedir a Camps que convoque elecciones anticipadas, aunque puso en duda que éste "se atreva" a adelantar los comicios "con la caja B vacía". Justificó la petición en la "grave crisis institucional" abierta en la Comunitat por el caso Gürtel. España, dijo, "no puede permitirse" que entre el 10 y el 12% de su territorio esté sometido a "un régimen infrademocrático". Criticó el "modelo Gürtel-Camps" y recalcó que El Bigotes era "el gran asesor" del presidente de la Generalitat.

La respuesta del PP no tardó. Los populares anunciaron la presentación de una querella contra el PSPV por denuncia falsa "en el momento procesal oportuno, basándose en que los hechos que narrará el PSPV son falsos". La querella será "contra el PSPV y Alarte por acusación falsa contra dirigentes del PP", explicó esta formación. Para el PP, el anuncio socialista sólo busca "desviar la atención" del debate en las Corts sobre la creación de una comisión de investigación de las cuentas de los partidos valencianos. El PPCV indicó que espera que el PSPV "abogue por la transparencia y apoye esta comisión de investigación y no se decante por el oscurantismo y las mentiras en las que se ha instalado en los últimos tiempos".

Por otro lado, la Universidad Internacional Valenciana (VIU) negó ayer que haya abonado factura alguna a Orange Market. La documentación de la firma, sin embargo, incluye una factura de 10.915 euros, que se pasó al cobro a la VIU el 6 de febrero. El centro que dirige José Sanmartín declaró "no tener constancia de que le haya sido presentada factura alguna por parte de Orange Market".