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Como todo producto con valor añadido, la querella que el PSPV presentará la semana que viene por presunta financiación ilegal del PP e inspirada en el informe de la Udef de la policía judicial sobre la relación de la trama Gürtel con el partido se ha cocinado con gran aporte de I+D, mucha investigación y un largo tiempo de desarrollo. Desde que el secretario general de los socialistas, Jorge Alarte, tuvo en sus manos el documento hasta que viajó a Madrid a contárselo al vicesecretario general del PSOE, José Blanco -el viernes 18 de septiembre, en vísperas del comité federal- pasaron dos semanas. Tiempo de elucubración sobre qué hacer con la dinamita que le cayó del cielo después de que el 3 de agosto el TSJ valenciano archivó el cohecho impropio del presidente Camps y compañía por los trajes regalados. Pero han tenido que caer otras treinta hojas del calendario para que Alarte haya anunciado la querella contra Camps, Vicente Rambla, Ricardo Costa, el vicesecretario del PP David Serra y la tesorera, Yolanda García.
Estos son los nombres que el líder socialista ha ido pregonando en su última minigira por Madrid, pero la iniciativa judicial incluye también a las constructoras Lubasa, Sedesa, Facsa, Enrique Ortiz e Hijos y la consultora urbanística PIAF. La lógica indica que tan delito sería dar (en B o a través de facturas falsas que habrían sido endosadas por servicios prestados por la trama Gürtel al PP) como recibir dinero ilegalmente, posición en la que estarían los populares, según la policía. El propio vicesecretario del PSOE, José Blanco, ha autorizado la presentación de la querella en toda su extensión. Sin embargo, la entidad de las constructoras (referentes en el sector de la obra pública) llevó al secretario general a tomar las debidas precauciones.
Persona de máxima confianza
Alarte quiso corroborar con una consulta con su secretario de administración y finanzas, José Ruiz, que el partido no tenía nada que esconder en materia de financiación desde el 28 de septiembre de 2008 hasta la fecha. El máximo responsable de las cuentas del PSPV ratificó que efectivamente la formación no ha ingresado un euro que no proceda de las fuentes legales que alimentan las arcas socialistas: la parte que se lleva la estructura de país de los cinco euros de cuota mensual o los 2,5 de aportación extra aprobada en el comité nacional del 7 de febrero, las subvenciones públicas o las donaciones contempladas en la Ley Orgánica 8/2007 de 4 de julio, que obliga a que las contribuciones sean a una cuenta ex profeso y con DNI.
¿Y por qué a Alarte sólo le interesan las cuentas socialistas desde el 28 de septiembre? Porque ese día Alarte y su equipo asumió las riendas del partido en el XI congreso. De lo que sucedió antes, con la gestora presidida por Lerma y en la etapa de Ignasi Pla, Alarte no sólo proclama que no asume la responsabilidad, sino que se ha hartado -él y algún colaborador- de aventar insinuaciones de darle una patada a la caja y denunciar públicamente gastos de atrás que no considera apropiados.
De hecho, dirigentes afines a Alarte interpretan la querella como una andanada contra el PP y una carga de profundidad en clave interna. Lo cual, dicho sea de paso, preocupa bastante a José Blanco, persona que ha estado de secretario de organización del PSOE y que, por tanto, tiene desarrolladas las virtudes de la discreción y el sentido de continuidad de la organización por encima de quién la dirija en cada momento. En el lado de quienes han estado en el núcleo de la dirección antes que Alarte ha causado mucho malestar los recados que les han ido llegando y que en algún caso consideran que rayan la difamación. Larvado fuego cruzado, con cargas de profundidad, que ha presidido la guerra entre sectores del PSPV al menos desde el precongreso. Ataques más personales acabaron en el juzgado.
La cuota que calentó los ánimos
El enfrentamiento se acentuó desde el 29 de septiembre, cuando los nuevos inquilinos llegaron a la sede. El punto de máxima tensión se produjo el día en que, a instancias de José Ruiz, se decidió establecer la cuota extraordinaria de los 2,5 euros para mejorar la salud económica. Lo que molestó extraordinariamente a los predecesores fue el argumento esgrimido por Alarte cuando explicó que se trataba de ingresar un millón de euros más y evitar depender de las donaciones de las empresas. Dando por hecho que el partido estaba hipotecado a esa práctica. No es que esas aportaciones sean ilegales -salvo que excedan los 100.000 euros y no se identifique el mecenas- pero tienen mala prensa. Y claro, aunque permitidas (antes de 2007 también las anónimas de menos de 60.000 euros), tienen mala prensa.
Salvo sorpresa y logrado el permiso de Blanco, Alarte formalizará la querella en unos días. Será la segunda iniciativa judicial sobre Gürtel, una causa en la que el PSPV decidió personarse como acusación muy tarde. Cuando Camps, Costa, Campos y Betoret ya habían declarado en el TSJ. Cuando la secretaria de organización, Leire Pajín, obligó a Alarte a ir al juzgado, algo que no deseaba el secretario general.
