Batalla, Gimeno, Ortiz y Cotino tendrían que ir a declarar

F. A. VALENCIA Serían inéditas en la historia política de la Comunitat Valenciana, pero esas escenas se producirán si el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) admite la querella presentada por los socialistas valencianos, a través de la dirección del grupo parlamentario, que es el que tiene personalidad jurídica, dado que el PSPV tan sólo es una federación del PSOE. A efectos legales.
La iniciativa del socialismo valenciano podría llevar a los máximos responsables de las cuatro constructoras señaladas como financiadoras del PP a tener que ir a declarar. Luis Batalla (Lubasa), Enrique Gimeno (de Facsa), Enrique Ortiz o Vicente Cotino -sobrino del vicepresidente del Consell y propietario de Sedesa serán -si Jorge Alarte tiene suerte- interrogados por el magistrado que lleve la causa, las acusaciones y las defensas.
Paralelamente a la presentación de la querella, el PSPV espera respuesta del TSJ de Madrid sobre la declinatoria que le presentaron en la que le solicitaban expresamente la remisión al tribunal homólogo valenciano de todos los documentos, pruebas, grabaciones o datos que tengan relación con protagonistas aforados valencianos, en algunos casos presentes en las 17.000 páginas del sumario cuyo secreto se levantó recientemente.
Asimismo, el PSPV reclama el envío del informe de la policía judicial al TSJ valenciano. Se da la circunstancia de que el documento resultante de la investigación de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Udef de la policía judicial ya fue rechazado en el TSJ valenciano, a petición del presidente Francisco Camps. Un informe que fue entregado el pasado 31 de julio, además de al Supremo valenciano, a la Fiscalía y al TSJ madrileño.
Una vez le llegue la querella socialista, el Alto Tribunal que preside Juan Luis de la Rúa deberá dar traslado, entre otros, al fiscal. Los socialistas han tomado la delantera en esta parte del caso Gürtel entre otras razones porque han comprobado que en el mes y medio transcurrido desde que les llegó el informe policial hasta ahora, el ministerio público no ha tomado la iniciativa. Si hasta ahora ya se escuchaban, fuera de micro, voces críticas en el PSPV con la decisión de personarse en la causa, al entender que se ha ayudado a dar al PP la coartada de que el caso Gürtel es una conspiración política, con la querella, sostienen, se persevera en el error.
Con todo, Jorge Alarte, empujado por Leire Pajín y José Blanco, ha fiado buena parte de su suerte política al éxito judicial en un asunto, el caso Gürtel, en el que la dirección socialista tiene puestas todas sus esperanzas. Absolutamente todas.