Un juez de Alicante investiga por presunto cohecho una contrata municipal de 6 millones

El adjudicatario dedeclaró ayer como imputado en una operación que lleva la Unidad de Delincuencia Económica y Anticorrupción

M. GALLEGO/P.CERRADA Un empresario de Alicante ha sido imputado por los presuntos delitos de cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios en la investigación que está llevando el juzgado de Instrucción número 8 de Alicante de una contrata del Ayuntamiento de esta ciudad por seis millones de euros para el suministro de infraestructuras para actividades festivas y culturales (gradas, sillas, carpas y escenarios, entre otros servicios) durante los próximos ocho años.
La investigación acerca de este contrato público la inició en marzo la Fiscalía Anticorrupción aunque al ministerio público se ha unido posteriormente la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal –UDEF–, de la que varios agentes se han desplazado hasta Alicante para trabajar junto al Grupo de Delincuencia Económica de la Comisaría Provincial a las órdenes del magistrado Jesús Gómez-Angulo.
Este juez es el mismo que dirigió la instrucción por presunto trato de favor al empresario Enrique Ortiz por parte del Ayuntamiento de Alicante en relación a la construcción y explotación de tres aparcamientos. Un asunto que, obviando las conclusiones a las que había llevado el magistrado, fue archivado en el TSJ a donde se envió cuando el entonces alcalde, Luis Díaz Alperi, adquirió la condición de aforado tras ser elegido diputado autonómico.

Pagar un millón más
La contrata que se está investigando fue adjudicada el pasado 18 de mayo a la mercantil Isjoma S. L., con sede en el polígono de Garachico y a cuyo frente se encuentra Isidro García, el empresario imputado que ayer prestó declaración ante el magistrado en un asunto declarado secreto de sumario.
Los agentes han intervenido material informático de la empresa investigada, algo en lo que colaboró el empresario, quien puso a disposición del magistrado el contenido de los ordenadores de su negocio. El material quedó precintado a la espera de que se lleve a cabo el volcado de su contenido, bajo supervisión judicial, para su posterior análisis. Del resultado de esta diligencia dependerán las nuevas líneas de investigación que a partir de ahora ordene el juzgado o solicite la Fiscalía Anticorrupción cuyo titular, Felipe Briones, estuvo ayer presente durante el interrogatorio del empresario.
El servicio ahora judicializado se adjudicó por casi un millón más que la oferta económica presentada por la otra empresa que concurría: Alavés, Montajes y Realización S. L., cuyo responsable ha recurrido el fallo de la contrata tanto ante el Ayuntamiento como en la jurisdicción Contencioso-Administrativa, donde aún no ha habido resolución alguna.
La Junta de Gobierno Local en la que, tras un aplazamiento, se acordó contratar definitivamente el servicio con Isjoma, estuvo presidida por Andrés Llorens, quien actuó ese día como alcalde accidental por ausencia de la alcaldesa, y a ella asistieron todos sus miembros menos la edil Asunción Sánchez-Zaplana. La Mesa de Contratación también la presidió Llorens y actuó como vicepresidente el concejal de Hacienda, Juan Zaragoza.
Además del criterio económico, en ambas propuestas se valoraron aspectos como la calidad del material así como la seguridad, elemento de vital importancia habida cuenta de que los servicios contratados (g radas, escenarios...) acostumbran a prestarse en acontecimientos con gran afluencia de público.
Los informes que avalan estas valoraciones, de carácter más subjetivo que el económico y que al final decantaron la balanza por Isjoma, están firmados por el jefe de servicio de Atención Urbana, Víctor López. El técnico municipal fue recusado por el otro aspirante al concurso por supuesta parcialidad documentada mediante fotogra- fías, vídeos y actas notariales. Aún aún, pese a la recusación y a la diferencia en la oferta económica, el citado técnico rubricó todos los informes sin que se pusiera traba alguna a su participación.