NACHO MARTÍN CASTELLÓ
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El grupo socialista solicitará en el próximo pleno que el Ayuntamiento de Castelló cree una comisión de investigación para auditar una por una las adjudicaciones municipales millonarias a tres empresas investigadas en el sumario de la trama Gürtel por la posible financiación ilegal del PP: Facsa, Lubasa y PIAF. El gobierno local de Alberto Fabra respondió que aceptará la comisión y que ofrece la presidencia al portavoz municipal del Bloc, Enric Nomdedéu. Eso sí, advirtió que pedirá "comisiones idénticas para que se investiguen las contrataciones de las empresas que citan los socialistas y otras que no citan, en municipios como Onda, Benicàssim, Morella, l'Alcora o Vall d'Uixò".
La decisión del PP surgió horas después de que el socialista Juan María Calles denunciara que los acontecimientos reflejados en el sumario judicial "están poniendo bajo sospecha los procesos seguidos en la contratación de estas mercantiles con las administraciones públicas entre los años 2003 y 2009 y causa un enorme deterioro en la imagen pública de la institución municipal". La solicitud de la comisión surge después de que la apertura del sumario desvelara que la supuesta trama recibió durante tres ejercicios contables (2005, 2007 y 2008) pagos por más de 466.000 euros procedentes de cuatro empresas de Castelló.
Tres de las mercantiles castellonenses que aparecen en las investigaciones policiales por supuestos reintegros a la trama (Lubasa, PIAF y Facsa) destacan por encontrarse entre las mayores adjudicatarias de contratos millonarios de la diputación y el ayuntamiento de la capital, ambas instituciones dirigidas por los máximos responsables del PP en la provincia y en la ciudad: Carlos Fabra y Alberto Fabra.