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Todavía no se ha presentado la querella del PSPV contra Camps, Rambla, la cúpula del PP valenciano y cinco empresas constructoras, pero los ánimos en el colectivo de quienes son objetivo de la iniciativa judicial andan más que soliviantados. Especialmente en el sector empresarial. La noticia de que el secretario general de los socialistas, Jorge Alarte, ha decidido incluir en la querella a las constructoras Sedesa, Lubasa, Facsa, Enrique Ortiz e Hijos y la consultora urbanística PIAF provocó ayer una profunda indignación en esas firmas, según pudo comprobar este diario. Nadie está dispuesto a hacer declaraciones públicas sobre la posición que mantendrán en caso de tener que ir a declarar, más allá de negar, como incluso alguna firma ha hecho en un comunicado público -Sedesa, por dos veces- que hayan financiado al PP, pero de su malestar dejaron ayer constancia hasta en el PSPV.

Fuentes próximas a Alarte indicaron que difícilmente podía presentarse una querella sin incluir a las constructoras. Lo contrario, habría sido "escandaloso", sostienen. El máximo dirigente socialista lo entendió así, especialmente tras consultar con su secretario de finanzas, José Ruiz, y dejando bien clara su posición de asumir la responsabilidad de las cuentas del partido únicamente a partir del 28 de septiembre de 2008, fecha en la que asumió la dirección del partido en el XI congreso. Además de acusar a Francisco Camps, Vicente Rambla, Ricardo Costa, David Serra y Yolanda García y a las empresas de Luis Batalla, Enrique Gimeno, Enrique Ortiz, Vicente Cotino y Antonio Pons, en la querella se pedirá que sean citadas como testigos 29 personas, según desveló ayer Alarte. En la lista estarán, entre otros, alcaldes y portavoces del PP que en su mayoría figuran en la llamada "Hoja alcaldes" de la documentación incautada a la trama, como posibles "personas de contacto para tratar sobre la financiación para realizar el acto", según los cuatro agentes de la UDEF responsables del informe. Entre ellos, el alcalde de Crevillent, César Augusto Asencio, sustituto de Ricardo Costa como secretario general del PP, o la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, que ayer dijo que Alarte la persigue. Los también alcaldes Adela Pedrosa (Elda), Lorenzo Agustí (Paterna), Manuel Corredera (Mislata), el ex alcalde de Teulada, José Císcar, o el portavoz del PP en Gandia, Arturo Torró, serán algunos de los citados.