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RAMÓN FERRANDO VALENCIA
La valenciana Azahara Moscardó está sufriendo un calvario económico al negarse el banco a devolverle una cantidad avalada que adelantó a un constructor por un piso en Manises. La joven lleva un año y medio reclamando un dinero que pensaba que estaba garantizado porque cuenta con el aval de uno de los principales bancos españoles. La denunciante pagó la entrada del piso con 31.500 euros que pidió a otra entidad con un préstamo personal. La obra está parada, se ha quedado sin piso y tiene que seguir pagando el crédito personal. Este periódico dio hace dos días toda la información a la entidad denunciada para recabar su versión, pero no ha obtenido respuesta. La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros -Adicae- asegura que en los últimos meses se han generalizado los impagos de los avales.
Azahara Moscardó y su ex pareja dieron en 2006 la entrada para el piso, que ya debía estar terminado. Los dos jóvenes pidieron el préstamo personal de 31.500 euros para la reserva. Los meses transcurrieron y no recibieron la vivienda. Los dos, que durante este intervalo de tiempo han roto su relación, consiguieron que el 29 de febrero de 2008 la constructora les entregara un aval bancario por la cantidad que habían adelantado.
La pareja pensó que el asunto se resolvería rápido, pero no fue así. Dos meses después de recibir el aval interpusieron una demanda contra la constructora porque se negaba a entregarles su dinero. El pasado mes de junio ganaron el juicio y un juez declaró resuelto el contrato, pero todavía no han podido cobrar.
"La sorpresa llegó en verano cuando acudimos al banco a ejecutar el aval y nos contestaron que no nos podían devolver el dinero. Cada vez que íbamos nos pedían una cosa diferente. Al final exigimos una hoja de reclamaciones porque pensábamos que nos estaban engañando. Los del banco se negaron y tuvimos que llamar a la policía. Cuando llegaron los agentes dijeron que tenían que estudiar el tema. Días después nos pidieron un informe del Ayuntamiento de Manises que reflejara que el piso no tenía cédula de habitabilidad, pero tampoco sirvió de nada", lamentó Azahara Moscardó. La joven añadió: "Hemos perdido tiempo y horas de trabajo. En el banco se están riendo de nosotros. Yo como persona física si avalo a alguien y no paga el banco me reclama a mí. En este caso que el banco es avalista la situación hacen lo que quieren. Es indignante. ¿Qué puedes hacer contra un banco?".
Cuarenta por ciento del sueldo
La joven tiene problemas económicos al verse obligada a destinar el cuarenta por ciento de su sueldo al pago del préstamo personal que pidió a otra entidad bancaria para poder dar la entrada. "Ya no sé qué hacer. El banco me está destrozando la vida. Me siento estafada. Vivo al día a causa del préstamo personal. El pleito que gané para resolver el contrato me costó casi seis mil euros y ahora quieren que espere a que la Audiencia ratifique la sentencia. La ley es clara y establece que cuando no hay cédula de habitabilidad se puede ejecutar el aval. Esto ha sido un desastre y es injusto".
Adicae estima que 10.000 familias tienen problemas con los avales
Carlos Zarco, abogado y secretario de Adicae, estimó ayer que unas diez mil familias valencianas están teniendo problemas con los avales. "Los bancos están poniendo todas las trabas que pueden para dificultar las devoluciones de los avales. No hace falta ganar un pleito para ejecutarlo. El banco está obligado a entregarlo en cuanto el cliente lo presenta al cobro", señaló Zarco.
El representante de Adicae explicó que el problema es que muchas constructoras están entrando en suspensión de pagos y las entidades no quieren perder el dinero. "Eso no es problemas de los clientes ni lo pueden utilizar como excusa. Los bancos no están en suspensión de pagos", sentenció.
Carlos Zarco insistió en que "los consumidores pueden dar por resuelto el contrato con la constructora cuando no reciben la casa en el tiempo fijado. La ley garantiza a partir de ese momento la devolución de todas las cantidades entregadas a cuenta y avaladas. Los bancos están mareando a los clientes. Con la ley en la mano un aval tiene fuerza ejecutiva".
El abogado precisó que sólo con el concurso -antigua suspensión de pagos- de Martinsa-Fadesa hay más de quinientas familias en la Comunitat Valenciana con problemas para recuperar el dinero que entregaron. Zarco añadió que la Generalitat Valenciana tiene la obligación de controlar que el aval está depositado en el caso de los pisos de protección oficial. El letrado lamentó que ha habido una falta de control de la Administración ya que algunos constructores no avalaron las cantidades recibidas. La joven Azahara Moscardó aseguró que ella es la única de su promoción que tenía aval, pero no le ha servido para nada.
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