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HORTENSIA GARCÍA VALENCIA
El Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local aprobado ayer por el Consejo de Ministros y dotado con 5.000 millones de euros supondrá una inyección de 544 millones en la Comunitat. A la provincia de Alicante le corresponderán por población 204 millones, 64 a la de Castelló y 275 a la de Valencia. La capital , como avanzó este diario, recibirá 87 millones de euros. El segundo planE, cuyas obras deberán estar en ejecución a partir del 1 de enero de 2010, introduce cambios sustanciales en relación al primero, criticado por las limitaciones en cuanto al tipo de obras y a los plazos de ejecución.
Según el real decreto que regula el fondo estatal aprobado por el Consejo de Ministros, los ayuntamientos deberán encuadrar las obras entre 14 tipologías, frente a las 9 del plan en vigor.
Catorce tipos de obras
Se financiarán obras "de ejecución inmediata, prioritariamente, de desarrollo sostenible relacionadas con el medio ambiente, la innovación económica y las iniciativas sociales". En este concepto entran: parques empresariales; infraestructuras de innovación; redes de telecomunicaciones; obras de ahorro energético e hídrico; proyectos de accesibilidad, de uso de energías renovables, de movilidad urbana sostenible y destinados medios de transporte menos contaminantes. También tendrán cabida los equipamientos sociales, sanitarios, culturales y deportivos. El nuevo fondo mantiene el tope de cinco millones por proyecto y la condición de que sean obras nuevas o continuidad de las ya financiadas con el planE.
Para orientar a los ayuntamientos y hacer seguimiento de la ejecución de las obras, se crearán comisiones informativas en cada comunidad autónoma, con representantes del Gobierno, sindicatos, empresas y ayuntamientos.
Otra de las novedades del fondo estatal es que permite a los ayuntamientos destinar un 20% de la inversión a pagar gasto corriente relacionado con la prestación de servicios educativos y sociales. Esta medida pretende compensar la pérdida de ingresos por impuestos derivada de la crisis que soportan los ayuntamientos, que en ningún caso podrán usar el dinero para pagar facturas de los proveedores.
También se podrá dedicar el 20% a equipar infraestructuras construidas con dinero estatal y el 0,2% a gastos de gestión y redacción de proyectos.
En cuanto a los carteles de las obras con los que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, secundada por Mariano Rajoy hicieron "casus belli" contra el Gobierno, el real decreto prevé que se reciclen las vallas existentes en las obras nuevas. El PP criticó el tamaño, coste y afán electoralista de los carteles. El teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Grau, se refirió ayer a la polémica como "la tontería esa de los carteles". Lo hizo tras conocerse que los carteles del Plan Confianza de Camps serán igual o el doble de grandes.
Otra de las diferencias con respecto a la primera entrega del planE es que aumenta la inversión que se ingresará a los ayuntamientos al comienzo de las obras hasta el 85%, frente al 70% del plan en vigor. Al Gobierno le están lloviendo las críticas de algunos ayuntamientos, como el de Valencia, por verse obligados a adelantar a las empresas el pago del 30% de las obras. El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Grau, afirmó ayer que "nos vamos a resistir" a hacer frente a ese pago. "No sé si acabaremos en el juzgado, lo que sí está claro es que si pedimos un crédito puente, le reclamaremos al gobierno los intereses". El Delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, insistió ayer en que los ayuntamientos sabían desde el principio, porque así constaba en el real decreto del primer planE, que deberían adelantar ese dinero y el Gobierno se lo abonaría con la certificación final de la obra.
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