Un litigio de más de sesenta años

RAMÓN FERRANDO VALENCIA El Tribunal Supremo ha rechazado revisar la expropiación forzosa que hizo el Gobierno de Franco para construir el aeropuerto militar de Manises. Un grupo de antiguos propietarios reclamó en 2004 la reversión de los terrenos después de que la mayor parte pasaran de ser de uso militar a civil con el cierre de la base aérea. La Audiencia Nacional desestimó hace dos años la pretensión de los expropiados y el Supremo acaba de validar la decisión apuntando que los pleitos no se pueden eternizar.
El Gobierno de Franco expropió la mayoría del suelo en 1940 para ampliar la base aérea militar de Manises que se había consolidado como zona estratégica durante la guerra civil. El terreno tuvo uso militar durante sesenta años, pero a finales de los noventa el Ministerio de Defensa decidió cerrar la base y traspasar casi todo a Fomento que estaba a punto de acometer la ampliación del aeropuerto de Manises.
Un grupo de afectados por las expropiaciones forzosas -que ocuparon terrenos de Manises y Quart de Poblet- se unió en 2004, reclamando al Gobierno que les devolviera sus antiguas propiedades. Los expropiados y sus herederos interpusieron un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el año 2006 tras no obtener respuesta del Ejecutivo.
Los perjudicados alegaron que la expropiación incumplió la ley vigente en 1939 al carecer de un decreto aprobado por el consejo de ministros que justificara la necesidad de la ocupación y la declaración de urgencia de las obras de ampliación del campo aéreo de Manises. Algunos afectados perdieron sus terrenos durante la guerra sin recibir ninguna compensación por lo que reclamaron que se anularan los expedientes de expropiación durante el periodo entre 1936 y 1939. Los expropiados pidieron a la Audiencia Nacional que anulara la resolución que el Ministerio de Defensa dictó en noviembre de 1999 por la que liberó los terrenos militares.
La Audiencia Nacional desestimó en marzo de 2006 las pretensiones de los antiguos propietarios, alegando que había transcurrido demasiado tiempo. La Audiencia Nacional apuntó en el fallo que los expropiados pudieron haber actuado "desde la notificación de la expropiación en septiembre de 1940" y "ellos y sus herederos dejaron transcurrir más de sesenta años".
Los perjudicados apelaron a la restricción de derechos que había durante la dictadura de Franco. Sin embargo, los jueces de la Audiencia Nacional ya advirtieron de que no era aceptable el argumento de que "no se pudiese ejercitar acción alguna hasta la Constitución de 1978", "pues el Código Civil no fue derogado". Además, los magistrados recordaron a los demandantes que en todo caso ya habían transcurrido "más de veinticinco años desde la Constitución de 1978 hasta que se decidieron a solicitar la revisión" del caso.
El Supremo ha coincidido con la Audiencia Nacional. Los jueces de la sala de lo Contencioso inciden en que los pleitos no se pueden eternizar. Los magistrados insisten en que los recurrentes "tuvieron múltiples oportunidades" para reclamar sus tierras durante los sesenta años que han transcurrido. La sala sostiene que, al menos, podían haber presentado el recurso en el año 1997, que fue cuando el Ministerio de Defensa anunció el cierre de la base militar de Manises.
Los magistrados del Supremo entienden que los perjudicados "no pueden alegar indefensión por la situación sociopolítica existente con anterioridad cuando pudieron ejercitar las correspondientes acciones desde la promulgación de la Constitución que garantiza la tutela judicial efectiva".