LEVANTE-EMV VALENCIA
?
La Administración Pública le cuesta a cada valenciano 8.359,2 euros al año, lo que supone el menor importe por comunidades autónomas, según un informe elaborado por la escuela de negocios EAE Business School. Sin embargo, el estudio revela que la Comunitat Valenciana destaca por el desequilibrio entre el gasto en personal y el de inversiones reales. Los presupuestos valencianos dedican tres veces y media más a pagar las nóminas que a las inversiones reales.
La maquinaria administrativa le cuesta a cada español 9.816 euros al año de media, según el estudio "El coste de la Administración Pública", elaborado por la escuela de negocios EAE Business School. La del País Vasco es la más cara por habitante, con 13.673,1 euros.
En la media de España, el 20 por ciento del presupuesto público se destina al pago de las nóminas y el 9,3 por ciento a inversiones reales, lo que significa que el gasto en personal por habitante es 2,6 veces superior.
La Comunitat Valenciana y Madrid destacan por el poco equilibrio entre el gasto en personal y el destinado a inversiones reales, con ratios de 3,5 y 3,2 respectivamente. La cifra revela que ambas dedican al pago de nóminas más de 3 veces de lo que va a inversiones reales. Las comunidades con ratios inferiores a 2 son el País Vasco y Castilla León.
El informe señala que en España la masa salarial de los empleados de la Administración Pública ha crecido el 59,2% en los últimos ocho años y los costes salariales han pasado de ser 1.608 euros por habitante en 2000 a 2.560 euros en 2008.
Asimismo, indica que la masa salarial en España ha crecido en un 37% en los últimos ocho años, mientras que en la UE lo ha hecho un 33%, cifras muy alejadas del 0,6% de Alemania.
EAE Business School explica este aumento en el caso español por el incremento de funcionarios en las administraciones autonómicas y locales, que casi se han duplicado (el 95,4%).
El estudio compara el presupuesto por empleado del sector público frente al privado y concluye que en España el coste salarial del público excede un 20% al del gasto por trabajador del privado.