J. S. VALENCIA
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El diputado autonómico Francesc Signes ha reclamado un reunión urgente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (Fevmp) para que analice las consecuencias legales y económicas que tendría para los ayuntamientos la entrada en vigor de la norma que pretende cargar a las arcas de las corporaciones locales el coste de la reposición de infraestructuras en los proyectos que acometa la Generalitat.
Tal avanzó est periódico, el proyecto de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio de 2010 contempla una "novedosa" medida que según el diputado "puede suponer un grave quebranto para las ya mermadas arcas municipales".
El artículo 102 del proyecto legislativo establece que en el caso de las obras públicas ejecutadas por la Conselleria de Infraestructuras y Transportes.... "los ayuntamientos serán los obligados a sufragar , a su exclusivo cargo económico, los costes de los trabajos de reposición de todos los servicios (agua, gas, suministro eléctrico, saneamiento, telefónica...) o "determinadas actuaciones"- un concepto indeterminado, según el PSPV, que interpretará en cada caso la Generalitat.
Un gasto desmesurado
El informe elaborado por el diputado socialista sostiene que esta medida, además de muy gravosa para los ayuntamientos, es "ilegal". Argumenta el PSPV que la "atribución obligatoria de competencias" que la Generalitat realiza sobre los ayuntamientos supone una infracción a la ley reguladora de las Bases del Régimen Local, "que impide establecer una delegación forzosa de competencias a los Entes Locales" por parte del Estado o de una comunidad autónoma sin establecer simultáneamente la oportuna contraprestación económica.
Signes recuerda que esta ley es legislación estatal "básica" que no puede ser corregida por una norma autonómica.
La reposición de servicios puede suponer hasta un 10% del coste de ejecución de un proyecto, bien por la complejidad de las obras, bien por la ausencia de suficientes estudios previos de ingeniería y consultoría que vacunen los proyectos contra las "sorpresas" que encarecen siempre las obras.
