Instan a Jiménez a que aparque la ley de seguridad alimentaria

EP/LEVANTE-EMV.COM La asociación de fabricantes y distribuidores Aecoc ha reclamado a la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, que deje "para otro momento" el anteproyecto de Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, al defender que en la situación actual los empresarios del sector no pueden atender más normativas.

"En la situación que tenemos, sin riesgos reales de seguridad alimentaria ni falta de normativa o autocontrol en la publicidad, le rogamos que deje para otro momento toda nueva iniciativa legislativa", le espetó anoche el presidente de Aecoc, Juan José Guibelalde, a la ministra durante la cena de bienvenida al congreso anual de la asociación.

Guibelalde, cuyas palabras fueron acogidas con aplausos por los empresarios asistentes al acto, pidió "sensibilidad" a Jiménez en esta materia y la emplazó a que traslade esta petición al Consejo de Ministros.

Durante su intervención, la ministra había destacado que el Gobierno está trabajando en un nuevo marco legal para aumentar la seguridad alimentaria, y había vuelto a ofrecer a la industria un pacto por la educación alimentaria de la sociedad que, a través del autocontrol, fomente la transmisión de mensajes sobre la importancia de la dieta saludable.

En respuesta al presidente de Aecoc, Jiménez señaló que cuando el Gobierno prepara una ley sobre seguridad alimentaria "no lo hace pensando que no funcionan bien los controles", sino que el propósito se centra en avanzar en la incorporación de directivas comunitarias a la legislación española y en proteger la salud "creando hábitos de vida saludables", sobre todo entre los niños.

"En la medida en que la autorregulación sea más intensa, la regulación será menos necesaria", defendió la ministra, quien señaló que en España "se está discutiendo el modelo". "Cualquier proyecto de estas características que afecte al sector se hará teniendo en cuenta al sector", garantizó.

El anteproyecto de Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que se encuentra en trámite de audiencia pública, fijará en un 2% el contenido máximo de grasas saturadas o trans que podrán contener los alimentos comercializados en España con el objetivo de prevenir el aumento de la obesidad.