­La política de la Generalitat Valenciana, desde que entró el PP en el Gobierno del Consell con Eduardo Zaplana, ha sido la de dilatar el pago de las facturas en Sanidad. Ya en 1999, un proveedor de material sanitario para los hospitales públicos alertaba de que la Conselleria de Sanidad le debía una cantidad importante y que no se atrevía a ir a los tribunales para no perder la «contrata», ya que no había nada firmado.

Los pequeños proveedores se perdieron por el camino al no poder asumir la deuda de Sanidad, pero los grandes laboratorios farmacéuticos y las multinacionales comenzaron a presionar. Al final, se llegó a un acuerdo con la conselleria, por el que les «permitían» reclamar ante los tribunales, sin miedo a que la Administración dejara de hacerles pedidos, y a cambio podían pedir los intereses.

Este «pacto» ha dado como resultado, por ejemplo, que sólo en tres años y medio, desde 2006 a julio de 2009, se hayan contabilizado 579 sentencias condenatorias para la Generalitat Valenciana en cuanto a facturas impagadas e intereses de demora.

Sólo en 240 de estas 579 sentencias —poco más de la tercera parte— se suman 113.679.210 euros en facturas que la conselleria debía a los suministradores sanitarios y otros 31.217.223 euros en intereses de demora por el pago de facturas atrasadas.

En estas sentencias, dictadas por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, hay reclamaciones de facturas que datan de 1994 a 1999. Algunas de las últimas cantidades reclamadas, fechadas en 2005, siguen sin abonarse al ser recientes. Mientras que, de las facturas impagadas, se tiene que deducir el interés de demora, que ha sido reconocido en cada sentencia sin determinar la cantidad.

Las facturas que se reclaman son mayoritariamente por suministros de medicamentos o material quirúrgico, pero también hay otras por obras de reforma, servicios de limpieza o plan de choque.