La Fiscalía aumenta un 37% las causas judiciales contra los empresarios por accidentes laborales

RAMÓN FERRANDO VALENCIA La Fiscalía de Siniestralidad Laboral ha incrementado en el último año un treinta y siete por ciento las causas contra los empresarios valencianos negligentes. El fiscal de Valencia calificó el año pasado 59 asuntos frente a 43 el año anterior. Los representantes del ministerio público, según recoge la memoria anual de la Fiscalía General del Estado, consideran que está siendo clave la especialización y la colaboración policial. El aumento de la actuación fiscal coincide con un descenso de los accidentes sobre todo en el sector de la construcción tras la caída de la actividad por la crisis. El año pasado fueron condenadas en Valencia 22 personas a penas de prisión por delitos contra la seguridad laboral. De las 25 sentencias dictadas por los jueces valencianos sólo cuatro absolvieron a los acusados.
La memoria del fiscal general del Estado destaca que está siendo fundamental el protocolo firmado hace dos años entre el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía y los ministerios de Interior y Trabajo. La clave es que el protocolo establece las pautas para la investigación "rápida y eficaz" de los delitos relacionados con la siniestralidad laboral. Fuentes de la Fiscalía explicaron que la policía ahora está acudiendo a todos los accidentes graves y comunica inmediatamente el suceso al juzgado para evitar la destrucción de pruebas. Los fiscales de Instrucción se enteraban antes del accidente al llegar el parte del hospital y cuando iniciaban la investigación los empresarios ya habían solventado la falta de medidas de seguridad y aleccionado a sus trabajadores para que no hablaran.

Tolerancia cero
El fiscal advierte de que apesar de que los datos estadísticos han mejorado respecto a otros años todavía "están muy lejos de los registrados en otros países de nuestro entorno y siguen siendo los suficientemente graves y alarmantes como para presentar conclusiones satisfactorias". La Fiscalía General del Estado ha instado a los fiscales a que actúen con "tolerancia cero". "Toda exigencia es poca porque la relajación derivará con toda seguridad en resultados lesivos más graves. En tiempos de crisis económica como los que atravesamos hay que evitar por encima de todo que la posible menor capacidad económica empresarial repercuta en un descenso de las medidas de seguridad", apunta la memoria.
El gran problema al que se enfrentan los fiscales es el retraso que sufren las causas en el juzgado por el colapso judicial. Una gran cantidad de acusados han acabado siendo condenados al pago de una multa por una falta en vez de a penas de prisión por las dilaciones que acumuló la causa en el juzgado de Instrucción.
El fiscal de Siniestralidad Laboral de Valencia, Jaime Gil, aseguró que los retrasos "son un problema endémico de la Administración de Justicia. La situación en los juzgados mixtos -los de Primera Instancia e Instrucción que están fuera de las grandes capitales- es desesperante". Gil hace constar en la memoria general que la demora en algunas ocasiones es "inaceptable".
El informe de la Fiscalía destaca que también se ha incrementado el número de casos pendientes de resolver. En concreto, han aumentado un 55% los asuntos por homicidio en accidente laboral, un 61% los seguidos por lesiones y un 93% los de delito de riesgo sin heridos. "Aunque los datos pudieran parecer negativos, hay que hacer una valoración sumamente positiva de los fiscales especialistas. Son ellos los que han intentado hacer inventario de las causas existentes, muchas de las cuales dormían en los juzgados. Podríamos decir que los fiscales especializados han mirado debajo de las alfombras y alumbrado los procedimientos que acumulaban retraso", recoge el documento.

Formación de los jueces
Los fiscales están convencidos de que una de las causas del retraso es la falta de formación de los jueces. La Fiscalía reconoce que es imposible especializar juzgados como ocurre en Menores por ello considera necesario que en el temario de acceso a la carrera judicial se incluya un apartado sobre la siniestralidad laboral.