El anuncio de la Generalitat Valenciana de que pretende una policía propia con 6.000 agentes coincide con el del Ministerio del Interior de que no puede asumir más gastos. Interior acaba de comunicar a la Xunta de Galicia que la ampliación de su policía autonómica deberá pagarla al 50% y ha advertido que actuará igual con el resto de comunidades. El hecho tiene trascendencia, ya que el esquema gallego es idéntico al valenciano, un cuerpo adscrito a la policía nacional con 380 agentes y 120 vacantes por cubrir. Incluso los números coinciden con los de Valencia. El Consell acordó en julio actuar conjuntamente con la Xunta -también gobernada por el PP- para que Interior se hiciera cargo de los 120 agentes que faltaban. La Generalitat ha anunciado ahora la intención de crear un cuerpo único pe?se constatar que las arcas del Estado se encuentran vacías.

El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, apuntó en la nota de prensa en la que hace dos días comunicaba el desarrollo del cuerpo de seguridad: "Dentro de las autonomías que contamos con competencias para poder crear una policía propia debe haber una igualdad de trato en materia de financiación. El Gobierno socialista no puede seguir llevando acabo una política de parcheo y favoritismo, y tiene que financiar por igual a las 10 comunidades que poseen esta competencia". Hasta ahora, Interior se hace cargo del sueldo de los policía autonómicos, que cobran el mismo salario que un agente del Cuerpo Nacional de Policía más un complemento de unos 3.600 euros anuales que paga la Generalitat. La propuesta de Interior supone que el Consell tendría que desembolsar 13.159 euros más por agente.

Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular nunca habían mostrado un interés real por contar con un cuerpo de policía autonómico propio. En la Comunitat Valenciana el proyecto ha estado impulsado por los partidos de izquierda, que lograron su inclusión en el Estatuto. Los partidos de la oposición se han visto ahora sorprendidos por el anuncio del Consell y consideran que es "una cortina de humo".

Fuentes de la Xunta de Galicia explicaron ayer que Serafín Castellano se reunió el 7 de julio con su homólogo gallego para tratar de forma "casi monográfica" la ampliación de las plantillas de la policía autonómica y conseguir que Interior cubriera "urgentemente" las vacantes.

El conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, y Serafín Castellano hicieron pública su intención de crear un frente junto con Andalucía, Asturias y Aragón -que se encuentran en la misma situación- para presentar "una estrategia común" al Gobierno. La Xunta tomó la iniciativa y fue la primera la comunidad autónoma en sentarse a negociar con el Ministerio del Interior.

El conselleiro gallego Alfonso Rueda se reunió el 30 de septiembre con el secretario de Estado de de Interior, Antonio Camacho, y pidió que el Gobierno reforzara las plantillas. Camacho respondió que el Estado no podía asumir el coste y advirtió a la Xunta que debía pagarlo al 50%. Interior aseguró en ese momento que actuaría igual con todas las autonomías que le pidieran más agentes.