AMAT SAPENA VALENCIA
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Carlos es el padre de María, una joven de 27 años con parálisis cerebral. Es una gran dependiente que no se vale por si misma. Carlos es una de las decenas de miles de personas que en la Comunitat Valenciana no reciben las ayudas necesarias para poder atender a sus hijos discapacitados. "El reglamento de la Generalitat que desarrolla la Ley de Dependencia estatal contempla lo que llaman incompatibilidades, es decir que si recibes un tipo de ayuda no puedes optar a otra. Por ejemplo, mi hija está en una residencia de lunes a viernes y pasa los fines de semana conmigo. Pues si necesito contratar una persona para que me ayude a cuidarla lo tengo que pagar de mi bolsillo porque la Generalitat no me aplica la Ley de Dependencia. O sea, mi hija es una discapacitada de lunes a viernes y milagrosamente se cura el fin de semana. Eso no puede ser, mi hija necesita unos cuidados especiales, moverla y arreglarla supone un gran esfuerzo físico que no todos podemos realizar...", afirma Carlos.
Carlos es uno de los rostros que retrata el "Estudio del sobreesfuerzo económico que la discapacidad intelectual ocasiona en la familia en España-2008" que presentó ayer la Federación de asociaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual de la Comunidad Valenciana (Feaps) y que destaca que la familia de una persona con este tipo de discapacidad asume un sobreesfuerzo económico de entre 21.000 y 31.600 euros al año, según estén o no en un centro ocupacional.
Este sobreesfuerzo económico trata de cuantificar no sólo el gasto corriente extra en discapacidad, sino las horas extra de dedicación no financiadas por ninguna administración, así como los costes de oportunidad del individuo, es decir, el capital que pierde por tener que dedicar sus esfuerzos a atender a su discapacidad.
Además, si para complementar el esfuerzo financiador de la administración, una familia con discapacidad intelectual tuviese que contratar a alguien para que se ocupase de su familiar y para que asumiese los desembolsos directos que acarrea la discapacidad, debería abonarle por término medio 2,5 veces el salario mínimo interprofesional al mes (1.800 euros). Si a nivel estatal el índice de sobreesfuerzo medio es de 19.271 euros anuales, en el caso de la Comunitat Valenciana se eleva a 20.075 euros.
El directivo de Feaps, Alberto Ferrer, denunció ayer que "en la Comunitat Valenciana estamos a la cola en ayudas a los discapacitados. Nos superan comunidades que tienen un PIB inferior al nuestro, como Galicia o Andalucía. ¿Los demás están regalando el dinero? No, lo que hacen es atender mejor a los discapacitados, algo que tenemos que hacer ver a nuestros políticos. Respecto a la Generalitat, los números hablan por si solos".
Juan Cañizares, otro directivo, afirma "el discapacitado es una persona, no una cosa. No pedimos limosna, sólo justicia. Hay que gastar el dinero en lo que es realmente necesario y después en cosas majestuosas".
La Comunitat Valenciana, según los datos del informe, ocupa el decimotercer puesto en ayudas de la administración autonómica.
De ahí la preocupación de Carlos. Recibe 500 euros de una subvención del Estado. "Pero 375 se van para pagar la residencia, así que sólo quedan 125 para ropa, alimentación, etc. ¿Y quién paga los tratamientos de mi hija como los dentales, que en personas con este tipo de discapacidad son muy frecuentes y muy costosos? Y yo ahora tengo trabajo pero el año pasado estuve unos meses en el paro e iba asfixiado".
