FRANCESC ARABÍ VALENCIA
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Próximamente. Es todo lo que se atreven a concretar en el entorno de Jorge Alarte cuando se pregunta por el día en que presentarán la querella por la presunta financiación ilegal del PP, denunciada en el informe de la UDEF de la policía judicial. La iniciativa jurídica está redactada desde hace más de un mes y anunciada públicamente por el secretario general del PSPV. Desde la dirección socialista se insiste en que el cuándo no es un problema. Efectivamente. El problema es el cómo y está estrechamente vinculado con el contra quién. Alarte ha defendido desde el primer día y lo sigue haciendo que las cuatro constructoras (Sedesa, Lubasa, Facsa y Enrique Ortiz e Hijos) y la consultora urbanística PIAF, han de incluirse en las mismas condiciones que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, Ricardo Costa, David Serra y Yolanda García.
Pero en la dirección del PSOE, especialmente la secretaria de organización, Leire Pajín, no lo ven nada claro. Entienden en Madrid que situar a las constructoras en el centro de la diana es "desenfocar el tema", decían fuentes socialistas, y quitar protagonismo al PP. El único objetivo que han de perseguir es el deterioro de los populares, agregaron las mismas fuentes.
La querella sigue atascada porque, después de tres reuniones entre letrados de Ferraz, de Blanquerías y responsables políticos del PSPV no se ha encontrado la fórmula jurídica y política que permita algo así como cuadrar el círculo. Para dar coherencia y consistencia a la iniciativa, apuntan desde la ejecutiva del PSPV, han de incluirse las constructoras porque, al fin y al cabo, son las protagonistas de las presuntas entregas de dinero negro o de los pagos de facturas falsas a Orange Market por servicios prestados realmente al PP y no a las empresas, siempre según el citado informe policial. Pero Ferraz pretende que la alusión a las constructoras esté en un segundo plano o incluso que desaparezcan de la querella, pero todo ello sin mermar las opciones jurídicas de que prospere. Y, para rematar el triple salto con tirabuzón invertido, sin dejar a Jorge Alarte en evidencia y claramente desautorizado.
La noticia de este diario de que las empresas estarán en la querella por decisión de un Alarte que nunca se ha privado de proclamar que se lava las manos sobre las cuentas del partido antes del 28 de septiembre de 2008, fecha en la que arrancó su gestión como secretario general escoció. El revuelo que se levantó entre quienes gestionaron antes la organización fue casi de la misma intensidad que el malestar de los empresarios.
Ese sentir ha pesado en la toma de posición de Ferraz para estar presionando a Alarte. Eso y, según algunas fuentes, el recado que ha llegado al PSOE desde un PP que avisa sobre la posibilidad de romper las hostilidades en materia de financiación ha conformado el clima de opinión en Madrid. El PP amenaza con iniciar la guerra desde el sur de la Comunitat, que es por donde suele estallar casi todo.
"Camps no da el mínimo democrático"
