Los oídos de Gürtel, en entredicho

PACO CERDÀ VALENCIA ?
Casi nadie lo conoce, pero él puede conocer a casi todos. Sus detractores, de hecho, lo llaman Gran Hermano. Y ha sido, según admite el propio Alfredo Pérez Rubalcaba, los oídos de la trama Gürtel; quien ha escuchado las conversaciones sobre trajes, bolsos y coches que han dinamitado la política valenciana. Se trata del Sistema Integral de Interceptación de las Telecomunicaciones (Sitel), una tecnología que permite al Ministerio del Interior pinchar cualquier teléfono de nuestro país y obtener, además del audio de las conversaciones en formato digital -se acabaron ya las cintas de casete y los magnetófonos-, otra información clave asociada a la llamada como la identidad del sujeto o el punto geográfico exacto en el que se encuentra. O incluso leer mensajes de texto SMS y correos electrónicos de las personas investigadas. Ahora, cinco años después de su entrada en funcionamiento y a los nueve meses de que estallara el caso Gürtel, Sitel ha sido puesto en entredicho.
Lo puso ayer en la picota el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, al calificarlo de "inconstitucional e ilegal" y anunciar que su grupo llevará al Congreso una iniciativa para que la competencia de controlar las comunicaciones sea "exclusiva" de la "autoridad judicial".
Una de las características de Sitel, que ha multiplicado su poder con respecto al viejo sistema de pinchazos, es que el proceso ha dejado de ser manual. Ya no hace falta que la policía desvíe la llamada a otro número. Sitel ha automatizado las escuchas y, una vez introducidos los rangos del pinchazo, no es necesaria la intervención humana para ejecutarla y transmitirla a un centro de interceptación. Además, al facilitar el identificador de Imei, el sistema Sitel permite seguir la interceptación aunque el usuario pinchado se cambie de número o incluso de tarjeta telefónica.
Son varias las irregularidades que advierte el PP en las escuchas canalizadas a través de este software . En primer lugar, que el Ejecutivo haya obviado los informes en contra emitidos por el Consejo General del Poder Judicial y los Ministerios de Justicia y Defensa. Esos informes, solicitados en 2001 por el PP, alertaban de "deficiencias en la cobertura legal" del nuevo sistema y llevaron al PP a paralizar su implantación, aseguró Pons.
Sobre el propio funcionamiento de Sitel, González Pons cuestionó varios aspectos "irregulares". Primero, que registre la información asociada a la comunicación, como el operador o la ubicación geográfica, porque viola la intimidad del investigado. Segundo, que sea un "agente facultado" (policía, guardia civil o agente de inteligencia) el que seleccione, de toda la información grabada, el material que pasará al DVD de las grabaciones que se enviará al juez. "No hay ninguna autoridad que certifique la autenticidad de lo grabado", por lo que el DVD "puede ser manipulado", alertó Pons. Además, y es su tercera objeción, las grabaciones excluidas del DVD "nadie las custodia" y quedan fuera del conocimiento del juez.
Pons afirmó que el Ejecutivo "ha utilizado el Sitel para grabar conversaciones y para hacer retratos psicológicos". Han convertido a España, dijo, en "una sociedad vigilada". "No exagero si digo que que no existe ningún control sobre la capacidad del Gobierno de limitar algunos derechos civiles de los españoles como el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones", agregó.