Valencia, Castelló y Alicante exigen que Costas legalice los chiringuitos

NACHO MARTÍN CASTELLÓ Los Ayuntamientos de Valencia, Castelló y Alicante firmaron ayer en la capital de la Plana un manifiesto conjunto, respaldado por la Conselleria de Turismo, que exige al Ministerio de Medio Ambiente que modifique la Ley de Costas de 1988 y legalice los chiringuitos de playa que pretende prohibir en 2010.
Este escrito fue signado por el edil de Sostenibilidad y Disciplina Urbanística de Castelló, Gonzalo Romero y la concejala de Playas de Valencia, Lourdes Bernal, y la concejala de Turismo de Alicante, Marta García.
El manifiesto concluye con tres reivindicaciones que no concretan la definición de chiringuito y que tampoco hace distinción entre los distintos usos que se dan en las tres provincias valencianas: restauración, servicio de comida y refrescos y discoteca nocturna.
Los responsables municipales admitieron que los problemas de Alicante y Valencia afectan especialmente a construcciones fijas y de restauración, un problema muy diferente del de los chiringuitos- discoteca de Castelló.
Se da la circunstancia de que los chiringuitos de Castelló son los que basan su beneficio en la actividad nocturna de discoteca y que el Ayuntamiento de Castelló se ha visto obligado a hacer frente a multas por valor de más de 100.000 euros debido a excesos de la ocupación permitida por la Dirección General de Costas cometidos en los años 2006, 2007 y 2008.
El incumplimiento fue llevado a cabo por las empresas de los chiringuitos, pero es el ayuntamiento el que autorizó la concesión de explotación de playas y por ello debe responder ante el ministerio con el pago de las multas.
La ley permite que el ayuntamiento requiera posteriormente el reembolso de las sanciones a las empresas concesionarias, que a pesar de su buena sintonía con el gobierno local se negaron a pagar en periodo voluntario. Según los últimos informes de la contabilidad municipal, en el ecuador del ejercicio 2009 sólo se habían satisfecho alrededor de 30.000 euros al ente municipal.
Ninguno de los tres ediles quiso hablar de características de los establecimientos ni de número de metros. En lugar de ello, abogaron por la necesidad de que la ley permita estudiar cada una de las autorizaciones "caso a caso".
La ausencia de cualquier tipo de fundamentación jurídica fue sustituida por un alegato en favor de los derechos de turistas y hosteleros y de los cientos de puestos de trabajo que se perderían en pleno contexto de crisis económica en caso de desaparecer los "chiringuitos". Con este argumento en la mano, los tres ayuntamientos exigen "la instalación y mantenimiento de los denominados chiringuitos y la pertinente reforma de la Ley de Costas del año 1988".
"El derecho de los veraneantes y el de los hosteleros"
El primer punto del manifiesto insta al Gobierno a que "reconozca al chiringuito como elemento singular que exige ser ubicado en la zona de dominio público marítimo terrestre y que debe contar con características adecuadas a la necesidad de la ciudadanía, tanto en medidas de autorización y explotación, como en protección del entorno y promoción del turismo". La ambigüedad y la falta de concreción de este requerimiento se repite en el segundo apartado del manifiesto. "Reivindicamos el derecho al ocio de los veraneantes y la defensa del sector turístico de la Comunitat, así como la de miles de empleos directos e indirectos que generan los chiringuitos de las playas del litoral, y más aún si cabe en un momento de tan grave crisis económica por el que estamos atravesando".
El edil de Sostenibilidad de Castelló, Gonzalo Romero, puso como principal argumento el turismo. "Nuestro país, sobre todo en las provincias litorales, se ha sustentado en el atractivo de sus playas y su climatología permite a los visitantes disfrutar de sus estancias vacacionales al borde del mar y con todos sus servicios con el fin de dar una oferta de calidad y entre los que se encuentran estos locales de ocio".