Flores dice que privatizar es la ´única salida posible´ para invertir en infraestructuras

L. B. B. VALENCIA "Negar la colaboración público-privada es negar la realidad. Creo que es la única salida posible" a la situación actual admitió ayer el conseller de Infraestructuras, Mario Flores, durante su comparecencia en las Corts Valencianes. El titular del departamento no tuvo más remedio que admitir en varias ocasiones que su conselleria ha sufrido severos tijeretazos "por la crisis, porque hay que dar prioridad a la sanidad, la educación y los servicios sociales, y por la insuficiente inversión por parte del Estado y que nos deja a la cola de la financiación per cápita". Con todo, sacó pecho con la inversión global de su departamento. "El grupo Infraestructuras (conselleria, FGV, GTP, Aven y eTM) invertirá 562 millones de euros en 2010. Un 4,8% más que el año anterior" frente a la inversión global del Gobierno que baja un 2%.
Pero gran parte de esta inversión directa será para pagar proyectos ya inaugurados o que están a punto de hacerlo. "Una parte del presupuesto de 2010 es para pagar obras ya hechas", admitió Flores al hablar de carreteras y obras ferroviarias. Y las posibles novedades, que se financiarían con "pago aplazado, método alemán o peaje en sombra no está incluido en los presupuestos", aunque no citó ninguna. De hecho, las obras que comenzarán el próximo año son tan archiconocidas como la primera fase del acceso norte al puerto (adjudicadas desde el 2 de diciembre de 2007), el acceso al hospital de Dénia, la ronda sudoeste de Vila-real o, el eje del Turia Manises-Vilamarxant o la CV-840 Novelda-El Rodriguillo. Aunque Flores añadió que el Plan Confianza destinará 270 millones a proyectos de infraestructuras, aunque ayer ningún miembro del Consell supo explicar de dónde saldrán.
Ante este panorama, los grupos de la oposición fueron implacables. "Han privatizado la sanidad, la educación y ahora van a por el transporte público. Son unos manirrotos e incompetentes, por eso esperamos que los presupuestos de 2010 sean los últimos del presidente Camps", le asestó el diputado socialista, Francesc Signes, quien le afeó que "el Gobierno de Zapatero invierta 417 euros por habitante y la Generalitat sólo 107", además de la ingente deuda de FGV y el GTP (el ente Gestor de las Infraestructuras de Transporte) que "están en bancarrota".
"Usted viene a explicar aquí los postpresupuestos. Se gastan el dinero [de 2010] en cosas que ya han hecho. Y la Conselleria de Infraestructuras que deberá ser la inversora por excelencia sufre bajadas espectaculares. Su modelo ya sufre claros síntomas de agotamiento. Y el Plan Confianza es como el amigo invisible porque es un plan que nadie ve", criticó el diputado de EU, Lluís Torró.
"Usted viene aquí a excusarse y no a comparecer" le afeó la portavoz de Compromís Mónica Oltra quien criticó que la deuda no parece de crecer "hasta el 15,4% pero para pagar fastos y fiestas de su presidente que tanto le agradan. Venden sistemáticamente las mismas cosas porque no tienen nada que vender". Oltra también calificó el Plan Confianza como "los billetes de 500 euros y Bin Laden: existen pero nadie los ha visto".
"¿De dónde quieren sacar el dinero para infraestructuras? ¿De sanidad o educación?", les replicó Flores en una de sus respuestas. Y les sirvió la respuesta en bandeja. "Menos Ágoras, proyectos temáticos y Fórmula 1", coincidieron todos los partidos de la oposición.

Garantizar la seguridad por una ley
CC OO exigió ayer a la Conselleria de Infraestructuras que elabore de forma "urgente" una ley autonómica que regule el servicio de ferrocarril en la Comunitat Valenciana y "homologue" su calidad, los estándares de seguridad, los requisitos de formación de los trabajadores y que defina "claramente" quien será responsable del control del tráfico antes de plantear una gestión pública o privada. Esta normativa se prometió en 2006, tras el accidente del metro, pero aún no se ha aprobado. Los responsables de Ferrocarril y Ciudadanía de CC OO, José Cortés y Juan Cruz, lamentaron ayer tener que enterarse "a través de la prensa, de cómo la Generalitat está diseñando el futuro de los ferrocarriles de la Comunitat" y manifestó su "preocupación" por "las noticias de privatización" de algunas líneas como la T2 de Metrovalencia o la Línea 2 de Alicante. "No pueden quedar al amparo de un pliego las condiciones que definan quién es competente en la gestión del tráfico ferroviario o la seguridad, apuntó".