Sánchez de León cree que la ´asfixia´ del Gobierno privó de 130 nuevos juzgados

EFE/LEVANTE-EMV.COM La consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, reivindicará mañana al ministro de Justicia "equidad" en las inversiones judiciales para las autonomías, ya que la "asfixia" a la que somete a la Comunitat conlleva "dificultades para gestionar el día a día".

La consellera ha hecho estas afirmaciones durante su intervención en la comisión de Economía de Les Corts para informar de sus presupuestos para 2010, que ascienden a 350 millones de euros (un 5'4% menos que este año) y representan el 2'4% del Presupuesto de la Generalitat.

Ha explicado que en la reunión sectorial de mañana en Madrid presentará al ministro un estudio de la Conselleria que contiene una comparativa de las inversiones recibidas por las autonomías desde que hace diez años la Comunitat obtuviera las transferencias de Justicia, y que cifra en 65 millones de euros la "desigualdad de trato" a los valencianos, que hubieran permitido 130 unidades judiciales más.

Sánchez de León ha criticado esa "oportunidad que se nos ha quitado" y se ha dado a otras Comunidades, como Cataluña, que este año volverá a recibir una partida de 6 millones de euros para la creación de unidades judiciales, mientras que los valencianos tendrán que "pagar de su bolsillo" la puesta en marcha de 35 unidades judiciales en 2010.

A su juicio, sus presupuestos para el año que viene se han "cuadrado de forma razonable y con acierto", ya que a pesar de contar con 20 millones de euros menos y con cinco programas nuevos, se han incrementado las partidas para administración de Justicia y Justicia juvenil, que representan el 0'8% del Presupuesto de la Generalitat.

La consellera ha explicado también las partidas referidas a Administración Local y Cohesión territorial, a pesar que desde la semana pasada se trata de competencias atribuidas a la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía, y, como portavoz del Consell, el presupuesto de RTVV, que asciende a 200 millones de euros (un 20% menos), la cifra "más baja" en los últimos 9 años.

Estos presupuestos contienen una línea nueva de 6.000 euros para indemnizar a ex presos políticos; aumentan un 23'7% los gastos de los intereses de los pagos aplazados por la construcción de las Ciudades de Justicia de Valencia y Castellón; y mantienen la partida para compensar por el turno de oficio a los colegios de abogados (16'5 millones) y procuradores (1'8 millones).

También ha explicado que el convenio con la Guardia civil para la seguridad de los edificios judiciales se reduce un 34%, aunque la Conselleria se compromete a través de otros medios, como la seguridad privada, a mantener esos servicios de vigilancia "dentro de los parámetros que garanticen" su funcionamiento.

El apartado de obras de ampliación y reforma de edificios baja un 60%, aunque la postura del Consell "es firme por seguir creando juzgados y adecuar" los que hay en marcha, mientras que el convenio para el desarrollo de la Campus Party "aparecerá en otra partida de los Presupuestos", pero se seguirá colaborando en su desarrollo.

La consellera ha justificado la reducción del presupuesto para modernización de la Justicia en que ya hay "mucho camino recorrido" y hay que acompasar el paso al resto de autonomías, y en que "más cantidad no significa necesariamente más calidad".

La diputada socialista Dolores Huesca ha criticado que estas cuentas desciendan en todo "menos en el pago de intereses"; ha acusado al Consell de "recortar servicios que van directamente a los ciudadanos" mientras hay juzgados que "se inundan" o no se limpian, y ha preguntado si pretenden privatizar el turno de oficio.

La consellera ha considerado que deberían felicitarle por mantener las partidas para el turno de oficio, que genera una problemática en todas las autonomías y el Gobierno, que va a revisar la ley de asistencia jurídica gratuita para establecer mecanismos de control, porque este servicio no es "en ningún caso una nómina o un sueldo" a los abogados que lo ofrecen.

"Vamos a seguir pagando el turno de oficio", pero se van a introducir mecanismos de control para "ajustar esos costes a una realidad asumible económicamente, y no a una realidad de gasto ilimitado y sin control" que llevaría "a un caos total de estos servicios", ha aseverado.

Enric Morera, de Compromís, ha apuntado como "asignatura pendiente" el pago a los proveedores y ha criticado la "externalización" de servicios de la Justicia, que suponen 32 millones de euros en la Justicia para menores, a lo que Sánchez de León ha dicho que esos centros los gestionan empresas de reconocido prestigio.