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Los usuarios supraasistidos que requieren cuidados y atenciones especiales ya no lo son para la Conselleria de Bienestar Social que repentinamente ha decidido catalogarlos como asistidos o semiasistidos (una o dos categorías menos) para ahorrarse un buen puñado de euros, que pueden ascender a unos cien mil, al indicar en una resolución que esta nueva clasificación, que es el baremo que se utiliza para abonar el bono residencia, tendrán carácter retroactivo desde enero de 2009.
La noticia cayó como una aguja de hielo en la Asociación Empresarial de Residencias de Tercera Edad de la Comunitat Valenciana (Aerte), cuyo presidente Alberto Giménez, ha presentado una protesta formal ante la Conselleria de Bienestar Social por considerar que la resolución es contraria a derecho y que es "gravemente lesiva" para los intereses de los beneficiarios y de los operadores sociales del sector de la tercera edad.
Los empresarios de la tercera edad afirman que esta medida, "causa un gravísimo perjuicio económico a los centros colaboradores".
El hecho fue denunciado la semana pasada por el secretario de Bienestar Social y Sanidad del PSPV-PSOE, José Mayans, que denunció que la Conselleria que dirige Angélica Such no podía hacer frente al pago de 400 bonos residencia de dependientes severos.
Aerte ha informado de la situación al presidente de la Generalitat Francisco Camps y al conseller de Economía, Gerardo Camps.
