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La querella presentada por el PSPV ha sacado de sus casillas a los populares valencianos, quienes han visto como una vez más el caso Gürtel hace saltar por los aires su hoja de ruta. En esta ocasión, sin embargo, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, no piensa quedarse esperando a que la tormenta escampe y ha ordenado a los suyos guerra total contra los socialistas. En concreto, el líder de los populares valencianos ha pedido al partido y al Consell que endurezcan su discurso contra el PSPV y saquen a la luz los supuestos trapos sucios de los socialistas en los ayuntamientos donde gobiernan.

El contraataque se hará en todos los frentes: Corts, Consell y, sobre todo, en el partido. Para coordinar la estrategia,el presidente Camps mantuvo la misma tarde del lunes una reunión con sus primeros espadas en los tres ámbitos. En concreto, recibieron instrucciones el portavoz del grupo popular en las Corts, Rafael Blasco; el vicepresidente primero, Vicente Rambla, y el secretario general del PPCV, Antonio Clemente. Los tres, y cada uno en su terreno, tienen el mandato directo del jefe del Consell de tratar de mantener a raya a los socialistas en su estrategia de deteriorar al PP a cuenta del caso Gürtel.

Así las cosas, el PPCV convocó ayer una rueda de prensa para seguir arrojando dudas sobre la contratación en el Ayuntamiento de Gandia con la empresa Proinosa, implicada en el caso Pretoria que ha destapado la corrupción urbanística en varios municipios de Cataluña. El portavoz del PP en Gandia, Arturo Torró, compareció junto con Antonio Clemente, el secretario provincial de Valencia, Vicente Betoret, y el secretario de Economía del PPCV, José Marí. Torró no aportó datos nuevos sobre los ya ofrecidos el día anterior, pero sí expresó sus sospechas de que este asunto sea "una forma de financiación ilegal del PSPV".

En su intervención, Clemente dejó claro que los populares guardan más munición contra los socialistas y que esta se hará llegar por entregas. Así, envió una "cariñosa advertencia" al PSPV al asegurar que lo de Gandia "no es más que la punta del iceberg". Dijo tener "información de que hay muchos más presuntos casos de corrupción en ayuntamientos importantes gobernados por el PSPV de Alicante y Valencia que pone en tela de juicio la honradez de muchos representantes socialistas". El dirigente popular, sin embargo, no entró en detalles e indicó que la información se daría "conforme se fuera asimilando". Los populares han puesto a trabajar a sus representantes en los Ayuntamientos para sacar a la luz todas aquellas contrataciones que puedan resultar sospechosas al margen de la consistencia de las denuncias.

De momento, el PP, a pesar de las acusaciones, no tiene previsto ir a los tribunales. Según Clemente prefieren "no tirarse a la piscina" y, a diferencia del PSPV, actuar "con seriedad y criterio". Eso sí, los populares anunciaron medidas jurídicas en el caso de que se desprenda de la querella socialista elementos constitutivos del delito de "acusación o denuncia falsa". Según Marí, el documento jurídico está plagado de inconsistencias.

Ruptura de relaciones

Además de poner en marcha el ventilador, Clemente endureció las críticas hacia líder del PSPV, Jorge Alarte, al que acusó de "cobardía política" por no firmar la querella, al tiempo que denunció que el PSPV "ha dado un salto cualitativo muy peligroso" al incluir a cinco empresas respetables. Y advirtió medidas contundentes en el terreno jurídico y político para defender el honor del presidente. A lo largo del día se sucedieron los comunicados en contra del PSPV.

Aunque Clemente no lo dijo abiertamente, los populares dan prácticamente por rotas sus relaciones con el PSPV: el rodillo en la elección de los representantes de las cajas y el aplazamiento hasta febrero de la elección de Leire Pajín son las consecuencias a corto plazo de la ofensiva judicial de los socialistas.