F. A./EUROPA PRESS VALENCIA/ALICANTE
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Se desconoce la suerte que correrá la querella del PSPV para que se investigue judicialmente la presunta financiación ilegal del PP y otros seis presuntos delitos de corrupción en el marco Gürtel, pero es innegable que indiferente, lo que se dice indiferente, no ha dejado a nadie. Dirigentes empresariales salieron ayer de nuevo a la palestra para acusar a los partidos políticos de utilizarlos de forma irresponsable. Mientras, las constructoras incluidas en la querella por el papel protagonista que la policía les otorga, mascaban en silencio -de momento- su malestar. Con alguna excepción. Así, un portavoz de Lubasa expresó en declaraciones a Levante-EMV que en la empresa se sienten "arma arrojadiza" en este escándalo Gürtel. "Nos reservamos nuestro derecho a usar todas las acciones legales pertinentes siempre en función de lo que decidan los jueces conforme a la ley", añadió el mismo portavoz, que reiteró que ahora toca "esperar a que la justicia decida".
Este diario contactó también con Enrique Gimeno (de Facsa), Vicente Cotino Escrivá (de Sedesa) y Enrique Ortiz (de Enrique Ortiz e Hijos), pero todos optaron por guardar prudente silencio. El presidente de la patronal autonómica Cierval, Rafael Ferrando, coincidió con la denuncia de Lubasa. Ferrando condenó "la utilización del empresariado como arma arrojadiza entre los partidos políticos" y consideró que este uso "no debe darse". Desde Alicante, consideró "injusta la utilización de cualquier empresa en planteamientos que no sean estrictamente económicos o empresariales". "Si políticamente los partidos tienen que demandarse, que lo hagan, pero que no se entre a utilizar unos cauces que en estos momentos pueden corresponder", señaló. "Si no hay una imagen clara y positiva del empresariado, no podemos tratar precisamente de combatir el desempleo, porque vamos a estar en cuestión las empresas, y por eso defendemos claramente la honorabilidad del conjunto del empresariado, porque es la base de un Estado democrático", indicó.
Por su parte, el presidente de la patronal alicantina Coepa, Rafael Martínez, mostró su respeto por la justicia pero pidió "cautela" para no caer en "la utilización indebida de la figura del empresario, denigrándola" cuando es un "agente social clave en la economía".
Cotino habla de "kale borroka"
Esa imagen "cuesta mucho de recuperar pero fácilmente se daña", lamentó, al tiempo que defendió "la honorabilidad del empresariado de la Comunitat Valenciana y de toda España". Subrayó que no se puede hacer un "totum revolutum" ni "querer ligar temas del empresariado y partidos", sino que hay que actuar con "responsabilidad y que la justicia haga su papel".
El vicepresidente Juan Cotino aseguró, por su parte, que no ha habido "trato de favor a ninguna empresa, ni las que aparecen ni las que no aparecen" en la querella. "Esta es la realidad e iremos contra todo aquel que quiera transmitir a la opinión pública que la realidad es otra", añadió. El también conseller de Medio Ambiente sentenció: "El PSPV parece que se ha ido un poco con la kale borroka, se ha ido al monte para ir contra todo y contra todos", sostuvo el vicepresidente Cotino, quien concluyó que en la Comunitat Valenciana las cosas se han hecho bien".