Los testigos reconocen al etarra que huyó tras la explosión que mató a su compañera en Torrevieja

E. P. MADRID Dos agentes de la Guardia Civil explicaron ayer que varios vecinos vieron huir al presunto etarra Anartz Oyarzabal, para el que el fiscal pide 19 años de cárcel, tras la explosión que mató a su compañera de comando Olaia Castresana cuando manipulaba una bomba en 2001 en Torrevieja (Alicante).
Ha sido en la primera sesión del juicio a Oyarzabal que se celebra en la Audiencia Nacional, en la que el acusado -al que la Fiscalía acusa de los delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia de armas y explosivos- no ha querido declarar.
Según las conclusiones provisionales del Ministerio Público, el 24 de julio de 2001 se produjo una explosión en un edificio de la pedanía de La Mata en Torrevieja, en la que murió una mujer que manipulaba un artefacto procedente de un robo cometido por ETA en Grenoble (Francia).
La fallecida fue identificada como Olaia Castresana, que compartía vivienda con Oyarzabal, ambos vinculados a ETA para llevar a cabo atentados en la costa mediterránea.

Explosión de titadyne
Tras la explosión, el procesado huyó de Torrevieja en un coche de su propiedad que luego fue localizado en Aoiz (Navarra).
Varios agentes explicaron ayer que en un primer momento creyeron que se trataba de una explosión de gas, pero que al encontrar restos de explosivo de tipo titadyne supieron que se trataba de una acción terrorista de ETA.
Lo confirmó el posterior registro efectuado en el domicilio familiar del acusado en San Sebastian, en el que se intervinieron 14 kilos de titadyne, 5 metros de cordón detonante, 16 detonadores eléctricos, 2 pistolas y varias publicaciones de ETA, entre otros efectos.
Según los agentes, en la vivienda de Torrevieja explosionaron alrededor de diez kilos de munición que se encontraban en un armario empotrado y el apartamento quedó "totalmente destrozado".
Oyarzabal, que se negó a contestar las preguntas formuladas por el fiscal Juan Moral,fue detenido en Niort (Francia) en mayo de 2002.
Además de las penas de prisión, el fiscal pide que Oyarzabal pague al Estado las indemnizaciones que éste ha entregado a las personas que resultaron heridas en la explosión de Torrevieja, así como a los propietarios de las viviendas que sufrieron daños.