Puig no comparte la querella que ha firmado contra los empresarios

F. ARABÍ/J. GARCÍA VALENCIA ?
Desde que el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, anunció públicamente que estaba resuelto a transformar el informe de la Udef de la policía judicial sobre presunta financiación ilegal del PP en querella hasta que ésta se formalizó el lunes 9 de noviembre pasaron veinte días. Casi nadie trasladó su disconformidad total ni parcial con la iniciativa. Ha sido presentarla y es difícil encontrar un dirigente o diputado socialista -excepción hecha del propio Alarte, del portavoz parlamentario Ángel Luna y algún otro miembro del núcleo de la dirección- que no critique la actuación. Ni siquiera los cuatro firmantes de la querella la comparten. El portavoz adjunto y rival de Jorge Alarte en el XI congreso socialista, Ximo Puig, no está de acuerdo con la querella, según fuentes del grupo y del entorno del secretario general.
Se enteró del alcance de la iniciativa judicial el mismo lunes que se presentó. Entonces supo que las cinco empresas implicadas en el informe de la Brigada de Blanqueo habían sido incluidas como acusadas al mismo nivel que las firmas Gürtel o la plana mayor del PP. Según las mismas fuentes, Puig habría expresado a Alarte su opinión contraria a presentar la iniciativa y que, en todo caso, si se llevaba adelante, se evitara situar a las constructoras en el mismo plano que los dirigentes populares y los cabecillas de la trama corrupta. Si acaso, las constructoras podrían ser citadas como testigos para evitar focalizar el asunto en los empresarios. El líder del partido, según esa versión, habría compartido la reflexión general de que el PSPV comete un error estratégico con la querella porque asume protagonismo en una causa cuya mayor ventaja para los socialistas era precisamente el hecho de que se trataba de un litigio del PP con los jueces. Habría obtenido, según esas fuentes, el compromiso de Alarte de que, si finalmente había querella, las empresas nunca serían incluidas como acusadas.

Las empresas son ineludibles
Fuentes jurídicas consultadas sostienen que esa posibilidad no tenía ningún sentido, dado que las empresas son parte crucial autora de los presuntos delitos, dado que eran las que supuestamente entregaron dinero negro al PP o asumieron pagos del partido a Orange Market a través de facturas falsificadas. El malestar de Puig es muy evidente, según algunos de sus correligionarios, porque siente que los poderes que en su día firmó en la notaría -cuando se personaron en la causa del presunto cohecho de los trajes de Camps- para que el abogado y el procurador del PSPV actuaran en su nombre han sido usados sin su consentimiento. Tanto Puig como Luna, Carmen Ninet y Cristina Moreno otorgaron poderes generales para litigar y no específicos para una sola actuación. Fuentes próximas a Alarte consideran que la posición de Puig no se entiende porque su firma en la querella aparece en tanto que miembro de la dirección parlamentaria y no como militante o diputado. Sería, así pues, persona de confianza de la dirección política y, por tanto, tendría que asumir las decisiones que se toman. Y la querella es una de ellas. Desde el círculo de Blanquerías advierten que tanto en el comité nacional como en la ejecutiva o la propia reunión del grupo se ha debatido la personación y la necesidad de llegar hasta las últimas consecuencias en la exigencia de que se investigue todo y no haya espacios de impunidad. Replican desde el sector de Puig que la decisión de la querella en sí la han tomado exclusivamente Alarte y Luna sin consultar con nadie. Dado que el portavoz adjunto la ha de firmar, se le tendría que haber comunicado el alcance de la iniciativa porque de ese modo podría haber retirado los poderes.
Las críticas a la querella se formulan tanto desde el lermismo como desde otros sectores, incluso las expresan algunos de los que apoyaron a Jorge Alarte. Algunos defienden que habría sido más apropiado denunciar a la Fiscalía, porque se habría evitado personalizar la acusación en los empresarios. Añaden, asimismo, que de todos modos era preferible dejar la iniciativa y el protagonismo en manos de los jueces que son más creíbles que la oposición en el desgaste al PP. Por si el asunto no estuviera suficientemente caldeado en el PSPV, un miembro del Consell hacía ayer la siguiente reflexión sobre la querella: "Se han metido en un fangar. La querella contra los empresarios cuestiona todo el sistema de financiación de los partidos".
Desde el PP avanzaron que no dudarán en intentar salpicar, citándolos como testigos a ex responsables de finanzas del PSPV como Josep Cataluña o Vicent Sarrià, que durante un corto período de tiempo llevó la caja del partido.

Noguera defiende la iniciativa pero pide coordinación y discurso

La tormenta desatada por la presentación de la querella hizo imposible evitar esta cuestión en la reunión del grupo parlamentario previa al pleno de ayer. La diputada Ana Noguera pidió la palabra para reclamar que desde la dirección del partido se defina una estrategia y se facilite a diputados y dirigentes un argumentario para armarse "ante la que se nos viene encima". Noguera, quien dejó claro que compartía la iniciativa judicial, se lamentó de que nadie ha trasladado pautas comunes para afrontar el duro debate que se avecina con un PP que les está intentando echar encima a los empresarios y que sí se ha preocupado de poner en sintonía a todos sus cargos públicos. El portavoz Ángel Luna defendió que ética y políticamente no cabía otra medida que presentar la querella visto el informe policial.