LEVANTE-EMV VALENCIA
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Dos de las cinco empresas incluidas en la querella presentada por los socialistas -Sedesa y Enrique Ortiz e Hijos- por siete presuntos delitos económicos y de corrupción, decidieron ayer contraatacar en los tribunales e iniciar acciones legales contra los firmantes de la iniciativa del PSPV, contra el síndico parlamentario, Ángel Luna y los tres portavoces adjuntos, Ximo Puig, Carmen Ninet y Cristina Moreno.
Las dos constructoras castellonenses, Lubasa y Facsa, de momento guardan silencio público, al igual que la consultora urbanística PIAF, si bien un portavoz de la constructora de Luis Batalla señaló a este diario anteayer que que se reservaban la posibilidad de emprender medidas judiciales. Representantes de las empresas incluidas en la querella se reunieron ayer por la tarde en Alicante, en la sede del Grupo Cívica -Enrique Ortiz- para coordinar su estrategia común de defensa contra los socialistas, tanto en la batalla de la opinión pública, como en el terreno judicial.
Al término de ese encuentro, la constructora alicantina emitió un comunicado de apenas dos párrafos en el que se acusaba a los socialistas de "poner en grave riesgo el futuro de sus trabajadores". La empresa, decía la nota, "no puede permitir que la citada querella empañe de una forma tan ilegítima como ilegal su honorabilidad". En la iniciativa jurídica del PSPV, elaborada a partir del informe de la Brigada de Blanqueo de dinero de la policía judicial, "se vierten graves y falsas acusaciones contra esta mercantil", una empresa "con una trayectoria de tres generaciones. Enrique Ortiz e Hijos proclamó que ha trabajado "para las distintas Administraciones Públicas, sea cual fuere su signo político, con total profesionalidad y leal colaboración".
El Grupo Sedesa fue más madrugador y anunció acciones legales por la mañana. "Las falsas acusaciones vertidas contra esta empresa dañan gravemente su imagen y al conjunto de sus trabajadores, tanto en sus actuaciones nacionales como internacionales", advertía en un comunicado. La empresa aseguró que a lo largo de su trayectoria "ha demostrado sobradamente su solvencia y su profesionalidad y ha contribuido, a través de sus obras, a generar riqueza y más de 2.600 puestos de trabajo de manera directa e indirecta". Por ello, apuntaba la nota, Sedesa "no permitirá que se cuestione su honorabilidad y procederá de forma inmediata a ejercerá acciones civiles y penales contra los firmantes de la querella y todos aquellos que le injurien o calumnien". En el texto de una página, el Grupo Sedesa defendió su "recto proceder a lo largo de su trayectoria empresarial de más de 65 años ejecutando obras públicas en la Comunidad Valenciana, en España y en otros países, con gobiernos de todas las tendencias políticas".
En la querella de la dirección del grupo socialista, añadía el comunicado, "se vierten falsas acusaciones y se citan de nuevo cifras de adjudicaciones con la Administración Autonómica que son igualmente falsas". Sedesa señaló que ha ganado "menos de un 2% de las licitaciones a las que se ha presentado sin que en ninguno de los concursos en los que ha resultado adjudicataria, haya sido cuestionado el recto proceder de la administración por el resto de licitadores".
Cotino acusa a la policía
de tergiversar cifras
"A pesar de tratarse de datos públicos y fácilmente contrastables, dichas informaciones se han tergiversado intencionadamente y de manera dolosa tanto en la querella como en el informe policial que ha sido utilizado por los firmantes, a sabiendas de la falsedad de las mismas." Lo dijo el comunicado de Sedesa, de Vicente Cotino, cuando aludía a las cifras de adjudicaciones a la empresa desde la Generalitat. La empresa rechaza la cifra de 539 millones de euros en contratos del Consell y prefiere hablar los 97 millones de euros. La constructora no niega la cifra mayor, pero lamenta que en ella se han incluido las obras en las que participa "en UTE -entre el 33% y el 50%- con las principales empresas del sector, nacionales y regionales, por lo que el importe que corresponde a Sedesa en ellas se limita a su porcentaje de participación y no al total de la adjudicación". En el informe policial se advierte de que su cifra incluye las UTE. Sedesa también dice que los 435 millones de la CV-50 comprenden los 35 años de concesión y en UTE, al 35%.
