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La portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, descartó ayer aplicar en la Comunitat las medidas anunciadas esta semana por el Gobierno catalán para evitar nuevos casos de corrupción como los destapados en Cataluña por la trama del caso Pretoria y por el caso Millet. Las medidas catalanas incluyen, entre otras cuestiones, delimitar la posibilidadad de recibir donaciones procedentes de empresas que han sido beneficiadas con contratos con la Administración y evitar que fundaciones o entidades públicas que reciban fundaciones puedan a su vez subvencionar a otras.

Esta práctica no esta prohibida en la Administración valenciana. De hecho, es común que fundaciones públicas cuyos únicos fondos proceden de la Generalitat repartan a su vez subvenciones a otras asociaciones. Es el caso, por poner un ejemplo, de la Fundación Agua y Progreso que en 2010 volverá a recibir una subvención de más de 800.00 euros del Consell.

De León, al ser preguntada en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno por la reacción del Ejecutivo catalán a los casos de corrupción, indicó que las medidas de control que tiene en marcha la Generalitat son suficientes. Además, dijo que la futura tesorería centralizada de las empresas públicas anunciada por la Conselleria de Economía y Hacienda dentro del Plan de Austeridad coadyuvará a mejorar el control del gasto y la transparencia en la gestión en el sector público que, en su opinión, no está en duda.

Por otra parte, la también consellera de Justicia y Administraciones anunció que mantendrá una reunión bilateral con el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, en la que solicitará más jueces de adscripción territorial de los cinco que el Gobierno central ha asignado a la Comunitat para 2010, con el fin de poder celebrar vistas por la tarde en los juzgados de los social y "atender la situación de colapso generado por la crisis económica". Preguntada por la incidencia de la huelga del personal de los juzgados de lo social, la consellera sostuvo que fue "mínima", aunque insistió que el Consell va a aprobar las "prolongaciones de jornada correspondientes para poder atender las necesidades que se dan en los juzgados de lo social. No obstante, matizó que las medidas son las "posibles" para un Gobierno autonómico y reiteró su "descontento", como ya hizo en la Conferencia Sectorial de Justicia celebrada el pasado martes, por la asignación a la Comunitat de solo cinco plazas de las 50 de jueces de adscripción territorial.

Por otro lado, la portavoz informó del convenio de colaboración entre la Generalitat y el Ministerio de Sanidad y Política Social, para la financiación de la dependencia en 2009. Un acuerdo, según el cual, la Generalitat aportará más de 184 millones de euros, y el Ministerio de Sanidad y 26,4 millones. Según Sánchez de León las cifras "son suficientes para demostrar cuál es el esfuerzo inversor" del Consell en materia social.