Las cadenas de la custodia

Regina LagunaValencia
­Ni todas las nulidades eclesiásticas, ni todos los divorcios podrán romper las cadenas que atan a María José Carrascosa con Peter Innes. Mientras dos Estados pugnan por la custodia de una niña, el jurado de Hackensack (New Jersey, EE UU) dijo hace dos días su última palabra: culpable. La pena a la que se enfrenta esta abogada valenciana, nacida en Buñol, oscila entre los cinco y los 20 años de cárcel. Ya ha pasado los últimos tres en la prisión del Condado de Bergen hasta que el pasado martes ella misma firmó su condena al declarar públicamente su voluntad de que «el padre no viera nunca a su hija». El juez dictará la sentencia el próximo 23 de diciembre.
Abril de 2006. Ésa fue la última fecha en que Peter Innes pudo ver a su hija en Buñol. El abuelo de Victoria y una amiga de la familia le esperaban con la nena en una terraza a las afueras del pueblo. La pequeña hacía casi año y medio que no veía a su padre, y al principio es reticente a hablar con él. Acaba de cumplir seis años y sus padres tienen abiertos sendos litigios de divorcio y custodia en Estados Unidos y España, además de alguna querella.
Un vídeo grabado de esta visita muestra cómo Peter, poco a poco y con mucho tacto, logra entablar una conversación con la niña, a la que le lleva un cuento de regalo. La sonrisa de Victoria aflora a su cara y comienza un acercamiento que el padre de María José propicia, al final, hablando también con su ex yerno y pese a que Peter sólo habla inglés. No hay beso de despedida.
Tan triste como este encuentro fueron los sucesivos desencuentros que se producirán entre la pareja y que, meses después, terminaban con María José Carrascosa encarcelada en una prisión de New Jersey. No hay que olvidar que, en el momento en que Innes ve a su hija por última vez, tiene sobre sí una denuncia por envenenamiento en un juzgado de Valencia.
Fue el 12 de diciembre de 2005 cuando María José Carrascosa se presentó en el juzgado de guardia de Valencia con una «denuncia por envenenamiento e intento de asesinato con resultado de lesiones contra Peter William Innes». María José había sido diagnosticada de tiroides. Tres años después, el Juzgado de Instrucción número 11 de Valencia la archivaba dictando un «auto de sobreseimiento provisional (sin delito)», por falta de pruebas, según la documentación aportada por el abogado penalista de Innes en España, Julio Sánchez.
Hacía un año, desde enero de 2005, que María José había vuelto a España con la niña, nacida y criada en Estados Unidos. Al mismo tiempo, interponía una demanda de nulidad matrimonial.
No fue la única denuncia, ya que el juzgado de Requena archivó también la querella por malos tratos y la de «presunta utilización de pasaportes falsos». Queda pendiente otra denuncia contra Innes en el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia por presunta falsificación de la traducción jurada de una resolución judicial.

Acuerdo inicial
La pareja había firmado en octubre de 2004 un documento por el que se comprometía a no llevarse a la niña más allá de 90 millas desde su lugar de residencia sin el consentimineto escrito del otro. Por supuesto, la custodia era de María José y el padre tenía derecho a un régimen de visitas.
No obstante, tras la partida de María José con la pequeña en enero de 2005, Peter formalizó la demanda de divorcio y pidió la custodia por incumplimiento del preacuerdo de separación, con la consiguiente devolución de la niña. El Tribunal Superior de New Jersey le otorgaba la custodia temporal el 4 de febrero. Paralelamente, en junio de 2005, medio año después de la salida de Victoria de Estados Unidos, su padre presentó en el Juzgado de Primera Instancia número 9 de Valencia una demanda para la «restitución de la menor».
El juez de familia acordaba de inmediato la retención del pasaporte de la niña, para asegurar que estaría localizable en España mientras resolvía. Y, además, citaba a la madre para que entregara el pasaporte, prohibiendo la salida de la niña de España.
El 6 de julio de ese año, el juez denegaba la vuelta de la pequeña a Estados Unidos y la restitución a su padre, en base al pacto de la pareja por el que la custodia la ejercería María José y a que, cuando la madre salió de EE UU con la hija, aún no se había otorgado la custodia al padre. Por lo tanto, dice el auto, «el traslado no fue ilícito (...) al no haberse infringido un derecho de custodia atribuido al progenitor» con posterioridad.
María José volvió posteriormente sin la niña a Estados Unidos para no dejar abandonados sus negocios. Cuando supo que había una orden de detención por «violación de una orden de custodia del Juez Parsons», vivió escondida en casas de amigos, hasta que fue detenida y encarcelada. Fue en noviembre de 2006, desde entonces ha estado encarcelada en la prisión del Condado de Bergen (New Jersey EE UU), sin que se atendiera ninguna petición de revisión. Se le imputaban delitos de ocultación de un menor, violación de una orden de custodia y violación de una orden de devolución de un menor.
El pasado martes fue juzgada y dos días después el jurado la declaraba culpable de nueve delitos al haber sumado los incumplimientos de las resoluciones judiciales. El 23 de noviembre, el juez dictará una sentencia cuya pena de prisión oscila entre cinco y 20 años.
El abogado de Peter Innes en España, Javier Mª Pérez-Roldán anunció una nueva demanda en los juzgados de Valencia solicitando para el padre la custodia de la menor.
Toda esta batalla legal choca con las declaraciones de Peter Innes, que ofreció un nuevo acuerdo para pedir la libertad de María José a cambio de ver a su hija estas navidades. María José Carrascosa, abogada de profesión, siempre se ha defendido alegando que cumple la ley y las resoluciones judiciales de los tribunales españoles.

Hasta el Tribunal de La Haya
­
Mientras las familias Innes-Carrascosa se destrozaban en los tribunales, las autoridades españolas intentaban llegar a un acuerdo extrajudicial con las norteamericanas.
El Ministerio de Justicia llegó a mediar en 2007 interesándose por la situación de la abogada valenciana. La respuesta llegó a través de una comunicación de la Autoridad Central de Estados Unidos: «Respecto a la condena de la señora Carrascosa, el juez piensa retenerla indefinidamente hasta que no entregue a la menor. No ha fecha de caducidad».
En esta contundente respuesta se explicaban las penas que podían corresponderle, de cinco a 10 años. Al mismo tiempo, añadían que «el Estado no se opondría a un acuerdo extrajudicial» y que, «si la menor regresa pronto, es posible que el Estado no continúe el proceso penal».
El proceso entraba dentro del Convenio de La Haya sobre «los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores».
Y hasta La Haya llegaron. Representantes legales de España y EE UU se reunieron hace seis meses en el edificio de la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado (HccH) para tratar de llegar a un acuerdo. El objetivo final era que María José quedara en libertad y que su marido pudiera ver a la niña. María José Carrascosa lo rechazó.
En su lugar, presentó un pliego de condiciones: que su hija no saliera de España para ver a su padre, que éste la visitara aquí y que un psicólogo vigilara los encuentros con la pequeña. Además, Innes debía demostrar su inocencia ante los delitos de los que es acusado por su ex mujer y suspender su patria potestad. Innes lo rechazó.
Mientras tanto, la delegada de la Fiscalía de Menores de Valencia, Gema García, que participó en el acuerdo de La Haya, inició un procemiento administrativo de protección de la menor, ya que desde hace tres años nadie ostenta su custodia en España. Desde hace un mes, la Generalitat tiene a Victoria bajo su tutela, con la guarda y cuidado de sus abuelos.