Rus crea una plaza con 132.000 euros de sueldo para situar a un afín de interventor de las cuentas

F. ARABÍ VALENCIA La diputación tiene, desde ayer, un interventor adjunto, además de interventor y viceinterventor. La plaza, dotada con 132.000 euros (106.000 más Seguridad Social), será ocupada por el profesional habilitado elegido, por libre designación, de entre los que concurran. Tanto el presidente, Alfonso Rus, como el diputado de Hacienda, Máximo Caturla, justificaron la creación del puesto en que el 31 de enero se jubila el interventor, Rafael Baixauli, y hay que facilitar la "transición". El que ocupe el cargo "se quedará de interventor" para relevar al jubilado, anunció Rus.
Tanto el presidente como Caturla subrayaron que la plaza será "transitoria". Fue en respuesta al portavoz socialista, Rafael Rubio, que acusó a Rus de "incongruencia" por esta medida tras haber augurado que muchos ayuntamientos tendrán que hacer un ERE y acusar a alcaldes de "gastar dinero en lo que no deben". "¿Para qué necesitamos un interventor adjunto habiendo un viceinterventor?", se preguntó Rubio, para concluir: "No tiene sentido, salvo que la plaza tenga nombre y apellidos". "No es ilegal al tratarse de un puesto de libre designación, pero no tiene sentido", insistió. Rus dio la razón al socialista. "El interventor será quien nosotros digamos", dijo, y del PP. "Yo no sé quien será, para eso hay un diputado de área", replicó al socialista. Se giró hacia Caturla y preguntó por la persona llamada a ocupar la plaza: "No será familiar tuyo". El otro ladeó la cabeza. Rubio subrayó que el nuevo puesto no especifica que se vaya a amortizar cuando se jubile el interventor por lo que todo apunta, dijo, a que cuando el elegido pase a ser el "interventor del PP", Rus traerá a otro para ocupar el puesto de adjunto. Los votos del PP y el diputado de EU, Jesús León, dieron la bendición a la plaza.
El PP tumbó también la moción de Rubio, avalada por EU, en la que proponía instar al Consell a retirar el artículo 102 de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, que establece que los ayuntamientos deberán sufragar los trabajos de todos los servicios (agua, gas, suministro eléctrico, saneamiento, telefonía, etc) que se deriven de las obras públicas ejecutadas por la Conselleria de Infraestructuras. El portavoz popular, Juan José Medina, recordó que una enmienda del propio PP en las Corts acota esa obligación sólo a las obras de "competencia municipal".
El PSPV reconoció que eso "dulcifica", pero le propuso, para evitar interpretaciones nocivas para los bolsillos municipales, enriquecer la enmienda añadiendo que son competencia municipal los servicios "mínimos obligatorios a tenor de la legislación de Régimen Local". Medina prometió trasladar la propuesta a Rafael Blasco, síndic del PP.
Rubio criticó que Rus prometió a los alcaldes, con la crisis, eximirles de aportar su parte a los Planes de Obras y Servicios (PPOS) y ahora da marcha atrás al matizar que los municipios no asumirán ni un euro de lo que recorte el Estado de la parte que financia..