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Más del 55% del alumnado de la Comunitat solicita estudiar en valenciano pero sólo el 33% puede hacerlo, debido a que en muchos centros no se implantan los programas que ofrecen esta posibilidad, como son el Programa d'Ensenyament en Valencià o el Programa d'Inmersió Lingüística, según un informe presentado ayer por Escola Valenciana, que lamentó el incumplimiento de la normativa, el "silencio" administrativo y la carencia de inspecciones.

Escola valenciana presentó una guía para Ampas, profesores y consejos escolares para hacer frente a la "desinformación" y "maraña de siglas" que propone la Conselleria de Educación y para que sirva de guía para los trámites administrativos. "No se trata de judicializar nada sino de "gestionar un derecho que se está vulnerando", aseguró el gerente de Escola Valenciana, Ángel Martí, quien instó al conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, a "sentarse de una vez negociar" un programa único plurilingüe, en lugar de marear".

Precisamente ayer, el pleno del Consell aprobó un protocolo de colaboración entre la Conselleria, la Academia Valenciana de la Lengua y los ayuntamientos "para impulsar en las administraciones públicas una red de oficinas de promoción del valenciano". Precisamente, Escola Valenciana ha denunciado la supresión de varias de estas oficinas por falta de respaldo económico. El acuerdo alcanzado ayer por el Consell es un mero protocolo de intenciones y carece de dotación presupuestaria.

Fondos para las universidades

Por otro lado, el Consell dio luz verde a un acuerdo por el que las universidades recibirán más de 3,7 millones de euros, procedentes de fondos europeos FEDER, para el desarrollo de programas de innovación. Se destinarán 666.297 euros a la Universidad de Alicante, 518.231 euros a la Universidad Jaume I de Castellón, 1.184.528 euros a la Universitat de València, 851.379 euros a la Universidad Politécnica y 481.215 euros a la Miguel Hernández de Elx.

De León aboga por la profesionalizacion de los empleados públicos

El Consell aprobó ayer el Anteproyecto de Ley para la Ordenación y Gestión de la Función Pública que nace, según la consellera Paula Sánchez de León, con el objetivo de lograr una mayor profesionalización del empleo público. Para ello, abogó el diseño de un modelo de promoción que valore la conducta y actuación profesional y de un sistema de formación acorde con estos planteamientos. El segundo objetivo de la ley, que todavía ha de pasar por el tamiz del Consell Jurídic Consultiu, consiste en profundizar en la mejora de las condiciones personales y profesionales del persona de los funcionarios. Además, se elevan a rango de ley medidas de carácter social, tales como reserva para personal discapacitado de un siete por ciento de las plazas vacantes (antes 5%) o la protección de las víctimas de violencia de género.