J. R. VALENCIA
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El documento que hoy presentará en Sevilla el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, para impulsar un pacto por la transparencia y contra la corrupción y dignificar la vida pública incluye la prohibición a los cargos públicos de la aceptación de "cualesquiera regalos, atenciones o liberalidades que no correspondan, por su importe o causa, a los usos y costumbres sociales".
La iniciativa forma parte de una batería de 50 medidas contra la corrupción que ayer comenzaron a ser analizadas por el PP en la primera jornada de la XV Intermunicipal Popular. Aunque ninguno de los dirigentes se refirió ayer al caso Gürtel, resulta evidente la relación de algunas medidas con los escándalos que han salpicado al PP en el último año, entre ellos, el que afectó al presidente Camps a quien presuntamente las empresas de la trama regaló varios trajes a medida. Aunque la causa de los trajes fue archivada, el auto de sobreseimiento recoge que el jefe del Consell no pudo probar que pagara los trajes de su bolsillo.
Al cónclave popular no está previsto que asista el presidente valenciano. Sí lo hará en la clausura la alcaldesa de Valencia Rita Barberá, salpicada también por las conversaciones grabadas por la policía recogidas en el sumario. En una de ellas, el gerente de Orange Market, Álvaro Pérez, asegura que todos los años le regalaba un bolso de marca a Barberá, extremo que ella ha negado.
Otras de las medidas que propone Rajoy es hacer públicas las declaraciones de bienes de los cargos electos y homologar por medio de un acuerdo de los partidos las retribuciones de los miembros de las corporaciones municipales en base a la población y los presupuestos.
Otras de las recetas del PP se centrará en la modificación de las comisiones regionales y provinciales de urbanismo y en la ordenación del territorio, para reducir su perfil político y aumentar el perfil técnico y social. Además, se quiere proteger a los empleados públicos que denuncien actividades fraudulentas y corruptas.
Por otro lado, el PP aboga por el cumplimiento del Pacto Antitransfuguismo, por no incluir a los tránsfugas en las listas electorales y por prohibir que tengan un papel ejecutivo en los gobiernos.
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